Capgròs
El caso Pretoria, la mayor trama de corrupción urbanística de Cataluña, llega a juicio después de más de siete años. Y Sant Andreu de Llavaneres es uno de los municipios donde la operación hizo llegar presuntamente sus tentáculos. La Audiencia Nacional acogerá a partir del 13 de marzo, y durante seis meses, un juicio que pretende aclarar la participación de empresarios y políticos en un entramado que habría generado ganancias millonarias ilegales a través de varias operaciones urbanísticas.
La operación consistiría en un entramado que habría generado ganancias millonarias ilegales a través de varias operaciones urbanísticas
En Sant Andreu de Llavaneres se repitió el mismo esquema que en los otros dos municipios con casos investigados, Santa Coloma de Gramenet y Badalona. La operación al municipio maresmenc se llevó a cabo entre 2003 y 2007 en la zona de Can Riviere. 'Luigi', el apodo del exdiputado socialista Luís Grcia, considerado la cabeza de la trama, se habría hecho valer de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, dos ex-alcaldes de CDC, para influir en la recalificación de los terrenos y utilizó empresas de Prenafeta para repartir las comisiones.
Los cuatro principales acusados: Macià Alavdra, Lluís Prenafeta, Bartomeu Muñóz y Luís Andrés García ('Luigi')
'Luigi' también habría contado con tres personas clave que finalmente no han sido acusadas. Se trata del exalcalde y exregidor de Urbanismo, Victor Ros y Antoni Jiménez, y de quien entonces era ninguno de Pla Territorial Metropolitano de Barcelona, Genís Carbón, que tenía que dar luz verde a la recalificación. En el caso de Carbón, los delitos ya habrían prescrito. Así, entre 2003 y 2004, Niesma –la empresa que Valera gestionaba para 'Luigi' y que da nombre a la operación– compró unos terrenos a Llavaneres por un valor total de 5,5 MEUR, en parte financiados por los beneficios de Santa Paloma. El 2005, después de las recalificaciones pactadas en el sí del entramado, se venían los terrenos por 9,4 MEUR.
Un total de once acusados
En total, hay once acusados, entre los cuales destaca el exdiputado socialista Luís García, 'Luigi', considerado la cabeza de la trama y por el que la fiscalía pide ocho años de prisión. También se sentarán al banquillo de los acusados dos ex-altos cargos de CDC, el ex consejero Macià Alavedra y quién fue secretario de la Presidencia en tiempo de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta; así como el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, por quien la fiscalía pide seis años y diez meses de prisión.
En total, hay once acusados, entre los cuales destaca el exdiputado socialista Luís García, 'Luigi', considerado la cabeza de la trama
Han pasado ya más de siete años desde los registros de la Guardia Civil que hicieron tambalear los Ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona y que hicieron estallar el caso Pretoria el 27 de octubre de 2009. Aquel día se detuvo a nueve personas y durante la larga instrucción del caso se llegó a una veintena de imputados, pero finalmente serán once las personas que se sentarán al banquillo de los acusados, incluidos Luigi, Muñoz, Alavedra y Prenafeta. Los cuatro ya pasaron en un primer momento por la prisión, pero poco después quedaron en libertad después de pagar una fianza. También están acusados el exregidor de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco; los empresarios Josep Singla (Proinosa) y Manuel Carrillo (Limasa), el principal colaborador de 'Luigi', Manuel Valera (Niesma); dos colaboradores de Alavedra, Philip McMahann y Glòria Torres, y la mujer de Prenafeta, Lluïsa Mas.
El origen de la trama
A pesar de que no hay ningún responsable imputado, el caso Pretoria debe de su nombre al bufete de asesoría fiscal y abogados Pretus, con sede en Barcelona, por su participación en las principales operaciones urbanísticas en las cuales el entramado habría intervenido para embolsarse importantes cantidades de dinero de forma ilícita. Las tres operaciones que se investigan se desarrollaron entre 2001 y 2009. 'Luigi' actuaba como 'aconseguidor' por su influencia sobre determinadas administraciones y, para llevar a cabo sus acciones, contaba con Manuel Valera como testaferro, un hombre de su más estrechada confianza y que actuaba como administrador de la mayoría de empresas que controlaba.
Han pasado ya más de siete años desde los registros de la Guardia Civil que hicieron tambalear los Ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona
Además de 'Luigi', también ejercían presión sobre los ayuntamientos, los ex-altos cargos de Convergència, Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, principales destinatarios de las comisiones que se cobraban. Según la fiscalía, 'Luigi' habría ganado 5,8 MEUR, Alavedra 6 MEUR y Prenafeta cerca de 15 MEUR. Para ocultar las ganancias, además, tejieron un complejo entramado de empresas opacas en paraísos fiscales, como Suiza, Andorra o las Islas Caimán. Prenafeta se apoyó en su mujer, Lluïsa Mas, también acusada por blanqueo de capitales; mientras que al Alavedra lo habrían ayudado dos colaboradores suyos, también acusados, Glòria Torres y Philip McMahan.
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