Fachada del Ayuntamiento de Mataró.
Fachada del Ayuntamiento de Mataró.

La Policía Nacional hace requerimientos en el Ayuntamiento de Mataró por el 'caso Gespol'

Los registros están relacionados con una operación contra la compra fraudulenta de aplicaciones informáticas para instalar en semáforos, a cambio de sobornos

Agentes de la Policía Nacional están en el Ayuntamiento de Mataró esta mañana en el marco de una macrooperació policial en consistorios de todo el Estado. Los registros están relacionados con una operación en contra de la compra fraudulenta de aplicaciones informáticas para instalar en semáforos destinados a la pacificación del tránsito a cambio de sobornos. Se están llevando a cabo en el edificio del Callejón, a la plaza del Ayuntamiento, en concreto al Servicio de Compras. En Cataluña también se están registrando ayuntamientos como los de Premià de Mar, Montgat, Pineda Rubí o Mollet.

Se trata de una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y por el Juzgado numero 2 de Badalona contra varios consistorios y la emprendida Aplicaciones Gespol de Barcelona –actualmente integrada al grupo Valoriza Servicios Medioambientals- por los presuntos delitos de pertenencia de organización criminal, soborno, prevaricación, contra la administración pública y falsificación documental. La Policía Nacional, que participa en el dispositivo a cargo de la UDEF con 580 agentes, espera hacer varias detenciones en todo el Estado, concretamente más de una cuadragésima en todo España y más de 60 investigados, a pesar de que en Cataluña se espera que no sean cargos electos sino técnicos.

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En el caso de Mataró, el juzgado ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación, que se tienen que agasajar en presencia de la Policía. Es el mismo que se están haciendo en consistorios como el de Premià de Mar o Montgat. En otros ayuntamientos, como el de Mollet, se han realizado entradas y registros.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los hechos investigados en todo el Sido podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, soborno, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

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