Los padres de dos niñas rusas exculpados de abusos claman recuperarlas

Los padres de dos niñas russo-suizas residentes al Maresme y tuteladas por la DGAIA desde junio reclaman a la Generalitat que los devuelvan las menores, ingresadas en un centro residencial para menores, porque los Mossos d'Esquadra y un juzgado de Arenys de Mar ya han dictaminado que no hay indicios de maltratos, desatención o abusos sexuales. No obstante, la DGAIA sostiene que todavía hay bastante indicios para mantener la tutela y se está tramitando el traslado de las niñas a Suiza porque vivan con la familia extensa del padre. Mientras tanto los padres no vieron las hijas hasta agosto y actualmente solo las pueden ver una hora a la semana en un punto de encuentro de la DGAIA, según ha explicado la Elena L., en una entrevista con la ACN.

La madre, Elena L., de origen ruso, vivía en una localidad del Maresme con las dos niñas, de diez y seis años, mientras que el padre, suizo, vive en su país de origen y viajaba muchos fines de semana para verlas. No obstante, la escuela privada de las menores denunció un supuesto abandono de las obligaciones parentales a la DGAIA, que decidió asumir la tutela a mediados de junio de forma urgente ante ciertos indicios de riesgo hacia las menores. La interlocutoria judicial no ve suficientes indicios para investigar los padres por estos supuestos abusos o maltratos, pero tampoco ordena a la DGAIA que devuelva las niñas a los padres, y la DGAIA no tiene constancia formal de ninguna arxivament.

Las primeras sospechas apuntaban que la madre no llevaba siempre las hijas en la escuela, que se ausentaban muy a menudo, durante tres meses de la pandemia estuvieron al Caribe, o llegaban tarde sin motivo, que las iban a recoger personas desconocidas, y que habían cambiado de escuela los últimos años. También alertaban de posibles abusos sexuales, mala alimentación y otras carencias emocionales, o incluso que no eran las hijas de quienes decían ser sus padres. El 17 de junio pasado la DGAIA se quedó las niñas, sin que la escuela hubiera pedido explicaciones a la madre sobre las supuestas irregularidades, dice la Elena.

Los padres solo pudieron hablar con sus hijas algún golpe por teléfono y no las vieron hasta el 18 de agosto. La madre desmonta una a una "las mentiras" de la DGAIA, y asegura que ha aportado pruebas que contradicen la primera versión de la Generalitat. Por eso y después de la investigación policial, el juzgado resolvió hace pocas semanas que no había bastante indicios de delito contra los padres, pero no archivó la investigación ni ordenó a la DGAIA que devolviera las menores a los progenitores.

La madre se muestra preocupada por el estado de salud y psicológico de sus hijas y por el hecho de haber perdido muchas clases, sobre todo de lenguas. Es muy crítica con la actuación de la DGAIA, y solo espera que reconozca su error, rectifique y se los devuelva sus hijas. También asegura que las niñas no están bien en el Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) donde viven y que cada vez que se pueden ver las encuentra en peor estado físico y anímico.

La DGAIA quiere las niñas a Suiza

Mientras tanto, la DGAIA, según ha podido saber la ACN, mantiene contactos con los consulados de Rusia y Suiza, y actualmente se están haciendo los trámites administrativos en el gobierno español y en un juzgado de Madrid porque las niñas puedan ir a vivir con la familia del padre a Suiza, cosa que todavía puede tardar unas semanas.

Según han explicado al ACN fuentes de la DGAIA, la administración tutelar no ha recibido la notificación de arxivament del caso, y que aún así no descarta que pueda haber desamparament. Por cuestiones de confidencialidad, la DGAIA no puede compartir el contenido de los expedientes y de los procedimientos que tiene abiertos con objeto de preservar al máximo la seguridad y la intimidad de los menores de edad que atiende. No obstante, y en términos generales, ante un supuesto delito, cómo sería el caso de maltrato o abuso sexual a niños, se tiene que informar al juzgado, cosa que puede hacer la DGAIA o un hospital si se detecta en el ámbito sanitario, instándolo a investigar los hechos. Si el juez lo estima conveniente, puede pedir a los Mossos d'Esquadra que inicien una investigación, cosa que hizo el juzgado de Arenys.

La DGAIA ante ciertos indicios puede declarar una situación de desamparo de los menores y adjudicarse la tutela con una resolución motivada, que se notifica a las partes afectadas y al ministerio fiscal para que se garanticen los derechos de las personas afectadas.

La DGAIA admite que la decisión no es "fácil, pero se tiene que tomar por el bienestar de los niños, no es ni aleatoria ni subjetiva". El desamparo siempre es la última opción, y antes de tomar esta decisión se exploran otras medidas. Se tiene que tener en cuenta que en cada una de las intervenciones de este tipo toman parte entre 15 y 20 profesionales desde psicólogos hasta trabajadores y educadores sociales y al menos dos equipos de atención diferentes. Por lo tanto, la administración asegura que "no es una decisión arbitraria, sino muy meditada y que antes se ha abordado a través de un trabajo que implica el saber y los conocimientos de varios profesionales de diferentes disciplinas (juristas, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales e incluso jueces), de diferentes administraciones (ayuntamientos, consejos comarcales y Generalidad) y de diferentes instituciones (servicios sociales, ámbito de la salud, de la enseñanza, de la educación en el ocio, de la justicia, de los cuerpos de seguridad).

En los casos en que el niño se ha tenido que separar de su familia, se prioriza que esté atendido por familia extensa (abuelos, tiets, hermanos) y para mantener al máximo los vínculos. De hecho la mitad de los niños tutelados por la Administración se encuentran acogidos en familia, y mayoritariamente por sus propios familiares (un 66,9 %). Y el objetivo es, siempre que sea posible, el regreso del niño con sus padres.