Capgròs
La Fiscalía ha solicitado una pena de 4 años y 6 meses de prisión para un joven, que tenía 19 años en el momento de los hechos, acusado de un presunto delito continuado de abuso sexual a una menor de 12 años. El caso, que fue instruido por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Mataró, será juzgado la semana que viene en la sección 20 de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Según detalla el escrito de la Fiscalía del área de Mataró y Arenys de Mar, los hechos se produjeron entre junio de 2020 y mayo de 2021, cuando el acusado mantuvo una relación sentimental con la menor, que entonces tenía 12 años. A pesar de la diferencia de edad y la negativa de los padres de la menor a aceptar la relación, el joven continuó viéndose con ella. La víctima, por su parte, intentaba escapar del control de su familia para verse con el acusado. La relación finalizó después de que se dictara una orden de protección a favor de la menor por parte de un juzgado de Mataró el 28 de mayo de 2021.
En el transcurso de la relación, el presunto agresor realizó actos de carácter sexual con la menor "con ánimos libidinosos y con intención de atentar contra su libertad sexual", según el fiscal. Estos actos, a pesar de ser consentidos por la menor, son ilegales, puesto que el Código Penal español establece la edad legal de consentimiento sexual a los 16 años. El fiscal señala en su escrito que, a los 12 años, la víctima era "incapaz para autodeterminarse en el ejercicio de su libertad sexual". Aun así, apunta como circunstancia atenuante para el acusado "la proximidad de edad entre él y la víctima".
Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide una serie de medidas accesorias para el acusado. Entre estas, destacan la inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, una prohibición de 8 años de acercarse a la víctima, en su domicilio, centro de estudios o cualquier otro lugar donde se encuentre, y una medida de libertad vigilada durante 5 años. También se solicita una inhabilitación especial para cualquier profesión o actividad que implique contacto con menores de edad durante un periodo superior a 5 años después de cumplir la pena de prisión.
En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía reclama una indemnización de 15.000 euros para la víctima por los daños morales sufridos.
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