Capgròs
El Gobierno español, a través del Ministerio de Derechos Sociales, ha presentado una ambiciosa reforma de la ley de dependencia y discapacidad con el objetivo de revertir los recortes aplicados durante la crisis económica y mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos. Esta nueva normativa quiere poner fin a las incompatibilidades que hasta ahora dificultaban que las personas con discapacidad pudieran trabajar sin perder prestaciones y apuesta por ampliar las ayudas y agilizar los trámites administrativos.
Uno de los aspectos más relevantes es la supresión de la incompatibilidad entre trabajo y prestaciones. Hasta ahora, muchas personas se veían obligadas a elegir entre recibir ayudas o incorporarse al mercado laboral, algo que limitaba enormemente su autonomía. Con la nueva ley, se podrá compaginar la actividad profesional con las ayudas, incentivando que los beneficiarios puedan iniciar un proyecto de vida independiente sin renunciar al apoyo económico.
Además, la reforma quiere fomentar que las personas con discapacidad que ocupan una plaza en un centro ocupacional puedan probar empleos externos sin perder su plaza, de modo que dispongan de una red de seguridad si el nuevo puesto no se adapta a sus necesidades.
La nueva norma también apuesta claramente por reforzar las ayudas a domicilio. Se amplían los servicios para que los beneficiarios puedan disponer de un cuidador que los acompañe en tareas cotidianas como ir al médico o hacer la compra. Además, estos cuidados no profesionales podrán ser prestados no solo por familiares, sino también por amigos, vecinos o personas cercanas, cubriendo así más situaciones y evitando la exclusión de quien no tiene una red familiar próxima. Igualmente, se ofrecerán productos de apoyo como sillas de ruedas, camas articuladas o andadores en régimen de cesión temporal.
En materia burocrática, la reforma incluye una medida destacada: el reconocimiento automático del 33% de discapacidad a las personas con grado 1 de dependencia y del 65% para los grados 2 y 3. Esto permitirá evitar trámites duplicados y liberar a los usuarios de largas esperas administrativas.
La accesibilidad en las viviendas es otro punto clave. Las comunidades de vecinos estarán obligadas a realizar las obras necesarias para garantizar la accesibilidad cuando una persona con discapacidad lo solicite. Para hacerlo posible, se articularán ayudas y subvenciones para adaptar ascensores, rampas o puertas.
Importante dotación económica
Todo esto irá acompañado de una importante dotación económica. Esta semana se ha anunciado que se repartirán más de 783 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar la atención a la dependencia, con el compromiso del Estado de asumir progresivamente el 50% del coste. Actualmente, la Generalitat de Cataluña cubre el 77% del gasto, mientras que la aportación estatal es del 23%, según datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Con esta reforma, el Ministerio de Derechos Sociales quiere impulsar un “giro copernicano” en el sistema, centrándose en las necesidades y preferencias de las personas y no únicamente en la gestión de plazas en residencias. Se trata, en definitiva, de un paso adelante para garantizar más autonomía, más apoyo y menos burocracia a millones de personas y sus familias.
Fuente: www.3cat.cat/324
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