Capgròs
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de nacionalidad albanesa de 41 y 33 años por un delito contra la salud pública. Las detenciones se llevaron a cabo el pasado 14 de julio durante el desmantelamiento de una plantación de marihuana ubicada en una casa de la urbanización Alta Maresme de Santa Susanna (Maresme). La investigación se inició a raíz de un informe de la Policía Local, que alertó sobre posibles actividades delictivas relacionadas con el cultivo de drogas. Se realizaron diversas tareas de vigilancia que culminaron con la entrada y registro del domicilio. Además, el instituto armado investiga a una tercera persona, de 43 años y nacionalidad española, por un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico.
Durante la operación, denominada 'Shatervan' y llevada a cabo por los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Calella, participaron el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), el Equipo Pegaso, el servicio que trabaja con perros detectores de dinero y drogas. También intervinieron la Policía Local de Santa Susanna y el Servicio de Emergencias Médicas.
En la vivienda se localizaron 233 plantas de marihuana, 10.310 gramos de esta sustancia, 800 euros en efectivo y un arma simulada con apariencia similar a un arma real y que, aunque no era letal, resultaba potencialmente intimidatoria. También se intervino material eléctrico valorado en 36.000 euros.
- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arenys de Mar se ha hecho cargo del caso.
La marihuana y el Maresme
La problemática de las plantaciones de marihuana en el Maresme se ha convertido en una cuestión de seguridad y convivencia de primer orden, con una presencia creciente de organizaciones criminales que aprovechan viviendas, naves y fincas rurales para establecer cultivos ilegales. Aunque los cuerpos policiales desmantelan periódicamente plantaciones —algunas de grandes dimensiones—, estas operaciones solo representan una pequeña parte del fenómeno real, a menudo oculto y difícil de detectar. La discreción con la que operan las redes, la renovación constante de los puntos de cultivo y las dificultades legales para intervenir a tiempo hacen que la mayoría de plantaciones continúen activas sin ser descubiertas, generando inseguridad, sobrecarga en las redes eléctricas y problemas de convivencia vecinal.
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