La protesta contra Desokupa altera el Pleno de Premià de Dalt

Decenas de personas convocadas por la Red de Vivienda del Bajo Maresme han irrumpido este martes en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Premià de Dalt que tenía que aprobar las ordenanzas fiscales para el próximo año. La protesta, pero, se ha hecho en contra del contrato que se firmó la semana pasada con la empresa Desokupa para el asesoramiento de la Policía Local en casos de ocupaciones "mafiosas". La protesta se ha hecho a pesar de las partes, después de una gran presión social, ya han avisado que el contrato se rescindirá. El griterío ha obligado el alcalde, Josep Triadó, a suspender la sesión, que se ha acabado celebrando minutos más tarde y en puerta cerrada cuando los manifestantes han trasladado la protesta a la calle.

La Red de Vivienda del Bajo Maresme lamenta que el consistorio haya querido establecer vínculos con una empresa que tiene "vínculos con la extrema derecha" y que acumula varios procesos judiciales por sus métodos "violentos y mafiosos" a la hora de recuperar propiedades que han sido ocupadas.

Todo y la rectificación del gobierno municipal, que ya ha iniciado los trámites para hacer atrás el contrato con Desokupa, el colectivo ha mantenido la concentración para hacer evidente su malestar con el que consideran que ha sido una "acción de propaganda política" del alcalde.

"Cómo puede ser que un ayuntamiento se atreve a hacer un contrato con una empresa vinculada directamente con hechos delictivos", exclama la portavoz del colectivo, Emma Monte. Además, opina que la rescisió del contrato es solo una respuesta a la presión mediática y cree que "la relación con la empresa de 'requesones' no cesará".

Un contrato de poco más de cuatro días

La polémica a Premià de Dalt estalló el pasado miércoles, cuando el Ayuntamiento anunciaba la contratación de la empresa de Daniel Esteve para el asesoramiento de la Policía Local del municipio ante ocupaciones que se consideréssin "mafiosas". El contrato, firmado por un año, era a razón de 3.000 euros netos anuales.

El alcalde, Josep Triadó, asumía que recibiría "palos mediáticos" por la fama acumulada por Desokupa a lo largo de su trayectoria, pero prefirió posar por ante el que consideraba que era bueno para la seguridad de sus vecinos. Las críticas le llegaron incluso de la presidenta de su partido, Laura Borràs, y también del PSC a nivel comarcal, con quien comparte gobierno.

A nivel municipal, también la oposición se manifestó en contra, y tanto ERC cómo el Llamamiento de Premià de Dalt pidieron la rescisión del contrato con la empresa. La presión tuvo consecuencias prácticamente inmediatas y en solo tres días se iniciaban los trámites para deshacer el contrato, de mutuo acuerdo con Desokupa.

La rotura con la empresa, pero, no es todal, puesto que la empresa ha ofrecido ahora l'asesoramiento de manera gratuita, si el Ayuntamiento lo considera oportuno. Desde el Ayuntamiento se explica que será la Policía Local quién decida si le hace falta esta ayuda externa en caso de ocupaciones y, si esto pasa, el asesoramiento "se pedirá a Desokupa".