Una acción política orientada al derecho a la ciudad

Si entendemos la ciudad como un espacio colectivo donde todos sus habitantes tienen el derecho de encontrar las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna para su realización social y política, asumiendo también deberes de solidaridad, es fácil concluir que son necesarias políticas públicas orientadas a garantizar este derecho a la ciudad y todos los que se derivan de él. Y también es evidente que se deben desarrollar estructuras cívicas de participación y apoyo mutuo donde defender estos derechos y ejercer el deber de solidaridad desde un espíritu de corresponsabilización con los asuntos comunes.

El desarrollo de estas estructuras de participación, apoyo mutuo e intercooperación es un elemento básico para garantizar el acceso universal a los derechos de proximidad desde la corresponsabilización y el deber de solidaridad. También pueden convertirse en un instrumento para romper las dinámicas de individualización y segregación que vivimos en las ciudades y reconstruir proyectos de igualdad y de futuros compartidos.

Conectar e interrelacionar pequeñas iniciativas que ya existen y actúan de forma inconexa e informal sería uno de los objetivos que orientan las propuestas que intentaré formular a continuación; así como la promoción de la colaboración y el diálogo entre las entidades y colectivos organizados de la sociedad civil, y de éstos con la administración pública municipal.

Quisiera centrar mis propuestas en tres ámbitos de actuación que conozco y que considero clave para el desarrollo de la cohesión social en la ciudad. El ámbito de la cultura, el ámbito de la acción comunitaria y el ámbito de la economía social y solidaria. En todos ellos, el desarrollo de políticas orientadas al fortalecimiento de las estructuras civiles y comunitarias puede tener un fuerte impacto en la consecución de derechos de ciudadanía y en la conciencia ciudadana hacia la corresponsabilización en los asuntos públicos.

La primera propuesta se concreta en el impulso de sistemas de gestión comunitaria de los equipamientos cívicos y culturales de la ciudad. Tenemos experiencias cercanas e interesantes de gestión comunitaria de equipamientos que generan impactos sociales y culturales relevantes:

Promueven la intercooperación entre entidades para la elaboración de proyectos de gestión comunitaria y programas de acción social y cultural. Estas experiencias son, a su vez, palancas que estructuran y mejoran (incluso profesionalizan) la gestión de las entidades, permitiendo su fortalecimiento y crecimiento.

La gestión comunitaria de equipamientos cívicos y culturales municipales genera oportunidades para construir dinámicas horizontales de cooperación y de trabajo en red, fortaleciendo el tejido asociativo de los barrios de nuestras ciudades.

Pero yendo más allá, la estructuración de estas redes debería poder alcanzar objetivos más ambiciosos. La inversión social y cooperativa en equipamientos cívicos de titularidad comunitaria (civil), basada en los principios de las finanzas éticas, abre oportunidades para retirar patrimonio del mercado rentista para mancomunarlo y cooperativizarlo al servicio de la cultura y de la acción social y comunitaria.

Para hacer realidad estos proyectos existen herramientas de financiación que pueden impulsar realidades que quizá parezcan inalcanzables pero que son posibles si nos dotamos de una base social suficiente para impulsarlos.

La administración pública municipal puede tener un rol importante generando herramientas creativas e innovadoras de financiación a través del “matchfunding”, la creación de fondos de aval para facilitar el acceso al crédito de iniciativas sociales o líneas de ayudas reintegrables.

Estas herramientas pueden ser de gran utilidad para entidades y redes de entidades sociales, culturales o deportivas; y también pueden servir para acelerar el desarrollo de las empresas de la economía social y solidaria respaldadas, asimismo, por esta base social organizada. El desarrollo de las empresas basadas en los principios de la economía social deberá permitir la configuración de un mercado social liberado de las lógicas del mercado capitalista donde la gobernanza democrática y participativa de las empresas, las dinámicas de consumo cooperativo y responsable y las redes de intercooperación acompañen, también, el desarrollo y la consolidación de las estructuras populares de participación y apoyo mutuo que he descrito anteriormente.

Sectores económicos como el consumo de productos alimentarios o de uso cotidiano, las comunicaciones, la movilidad, la vivienda, la energía, los cuidados, el arte, las artes escénicas y otras industrias culturales, ya cuentan con empresas de la economía social, algunas de ellas punteras en nuestra ciudad.

Todo esto es posible y realizable si la sociedad civil organizada y las personas que dinamizan las entidades y colectivos de la ciudad son capaces de impulsar iniciativas de intercooperación que borren fronteras invisibles que existen en las dinámicas sociales de la ciudad.

Es necesario impulsar conexiones, mezclas y colaboraciones mirando la ciudad como un ecosistema complejo, se necesita la implicación de personas referentes con voluntad de reconocer las realidades diversas que la integran y conectarlas. Y es imprescindible construir una organización que integre el mayor número y la mayor diversidad posible de entidades con el objetivo final de desarrollar proyectos sociales, culturales y comunitarios de iniciativa civil.

Esta Red de entidades organizada, dotada de una estructura formal, democrática y participativa y de un equipo técnico profesional suficiente, podría desarrollar proyectos propios en ámbitos como la salud comunitaria, la educación no formal y en el ocio, el ámbito socioeconómico, la vivienda cooperativa, la cultura popular, la creación y la innovación artística, el diálogo interreligioso, el apoyo mutuo ante situaciones de exclusión, la financiación, los patrocinios y el micromecenazgo. La colaboración entre el asociacionismo y las empresas de la economía social y solidaria sin ánimo de lucro puede aportar dinamismo y energía a esta organización, sumando a la implicación de los activistas voluntarios de las entidades, la profesionalidad de los gestores de las empresas sociales.

Esta propuesta no es una quimera irrealizable, es una forma posible de fortalecer la capacidad de acción del asociacionismo de la ciudad de forma mancomunada.

Esta propuesta quiere ser una respuesta a las graves situaciones de segregación y crecientes desigualdades que vivimos en la ciudad. Porque tal y como dicen los politólogos Ismael Blanco y Ricard Gomà en el libro “¿Vidas segregadas? (Re)construir fraternidad”, “La antítesis de la segregación no es la igualdad, sino la mezcla, la mixtura de diferentes perfiles sociales en un contexto de lazos cruzados”.

La propuesta no quiere sustituir las políticas públicas que debe desarrollar la administración municipal. Quiere fortalecerlas y multiplicarlas desde la corresponsabilización y la colaboración exigente en la defensa del derecho a la ciudad.