Que el Ayuntamiento de Mataró anule la doble multa impuesta a una ciudadana que fue víctima de una "actuación policial abusiva, arbitraria y contraria a la normativa lingüística". Es el que exige la Plataforma per la Llengua a raíz del caso de una ciudadana que se sintió "maltratada" al recurrir a la Policía Local de Mataró en defensa de sus derechos lingüísticos. Los hechos se remontan en diciembre del 2021 y ahora salen a la luz por la sanción que el Ayuntamiento ha impuesto de hasta 500 euros y por el recurso extraordinario contra esta que se ha presentado.
- Contactado por Capgròs, el Ayuntamiento de Mataró asegura que está recopilando la información y que hasta lunes no podrá pronunciarse al respeto.
Plataforma por la Lengua reclama en el Ayuntamiento de Mataró que anule la sanción contra la ciudadana "que fue maltratada por la policía local cuando quería denunciar que un agente había menystingut su derecho de ser atendida en catalán en una tienda. El agente no la asistió cuando le denegaron la hoja de reclamaciones a la tienda, y a la comisaría le habló en castellano y la trató mal", según el relato de la entidad.
La ciudadana, Esther Vidiella, fue sancionada, posteriormente, por el Ayuntamiento de Mataró, con dos multas de 300 € y 200 € (justificadas por "desobediencia a la autoridad" y "obstrucción de los servicios públicos"). A través del abogado Eduardo Cáliz, del despacho Arrels, la víctima ha presentado un recurso extraordinario para anular el expediente sancionador. Por PxL "es injustificable que el Ayuntamiento de Mataró haya decidido mantener la sanción contra Vidiella, a pesar de reconocer que las imágenes de la comisaría han sido destruidas y que la instrucción de la denuncia contra el agente reconoce que el policía instó la ciudadana a renunciar a sus derechos lingüísticos a la tienda".
Los hechos, tal y cómo los ha denunciado
El policía, acompañado de otro agente, dio golpes al azulejo, arrugó y desgarrar la hoja de reclamaciones y le lanzó los papeles
Los hechos denunciados por Vidiella se remontan al 13 de diciembre de 2021, cuando en una tienda de telefonía le exigieron que hablara en castellano y ella trucó a la policía local porque el establecimiento no le facilitó la hoja de reclamaciones. "Por teléfono, el agente que la atendió le dijo que hablara en castellano con el señor de la tienda, y ella, indignada, se dirigió a la comisaría para presentar una demanda. Cómo que el policía que la atendió, siempre en castellano, la gritó y la amenazó de multarla para reclamar sus derechos lingüísticos, la ciudadana no se vio con coro de presentar la demanda y tuvo que ir al médico por un ataque de ansiedad", narra Plataforma.. Según explica Vidiella, el policía, acompañado de otro agente, dio golpes al azulejo, arrugó y desgarrar la hoja de reclamaciones y le lanzó los papeles, además de pedirle donde trabajaba, cuestionando que fuera apta para el trabajo.
Un mes después, el enero de 2022, con el apoyo legal de la entidad, Vidiella presentó una denuncia contra el agente TIP 3448 por un delito leve de coacciones. Este enero, la sentencia ha absuelto el agente al considerar que no se puede probar un comportamiento que encaje en el supuesto de un delito. En paralelo, después de que la víctima llevara el agente a los tribunales, el Ayuntamiento de Mataró le hizo llegar dos propuestas de sanción, tal como la había amenazado el agente: una por obstrucción de los servicios públicos y el otra, por desobediencia a la autoridad.
Según el comunicado de la entidad, el Ayuntamiento "reconoció que las imágenes de las cámaras de seguridad de la comisaría habían sido destruidas, en contra de la voluntad de la víctima, y comunicó que, a pesar de todo, mantenía las sanciones".
Una "actuación policial abusiva, arbitraria y contraria a la normativa lingüística"
Para Plataforma por la Lengua, los agentes vulneraron el derecho de opción lingüística de la ciudadana (y, por lo tanto, la oficialidad del catalán prevista a la Constitución española) y el Reglamento para el uso de la lengua catalana del Ayuntamiento de Mataró cuando le hablaron en castellano en todo momento. La entidad considera que "el consistorio mataroní tendría que reconocer que los agentes actuaron desde una perspectiva ideológica, dado que en todo momento van menystenir el derecho de la ciudadana de ser atendida en catalán tanto a la tienda como la comisaría, y que denunciaron la ciudadana como represalia por la denuncia que los había presentado ella a los juzgados". Con este expediente sancionador y según la entidad "el Ayuntamiento de Mataró no solo toma partido en contra de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, sino que se posiciona a favor del supremacisme castellanista y se alinea con la tradición más autoritaria de la derecha españolista".
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