El 'edificio esqueleto' de la avenida Puig i Cadafalch de Mataró, una de las estructuras más icónicas —y controvertidas— del barrio de Cerdanyola, finalmente no formará parte del parque de vivienda pública. El inmueble ha sido adquirido por un particular, tal como se confirmó en el Pleno municipal celebrado este jueves 9 de abril, a raíz de una pregunta del grupo de ERC.

Se trata de un edificio inacabado y abandonado desde el año 2009, en plena crisis inmobiliaria, que se ha convertido con el paso de los años en un símbolo tanto de la burbuja como de la dificultad para desencallar determinadas operaciones urbanísticas en la ciudad. Su ubicación, en el centro del eje central de Cerdanyola, ha acentuado su visibilidad y también la presión política y vecinal para encontrar una solución.

En noviembre de 2025, el Ayuntamiento hizo público que exploraba su compra a la Sareb para destinarlo a vivienda asequible, en el marco de las políticas para ampliar un parque público muy limitado. Aunque la operación no estaba cerrada, el gobierno municipal sí que había expresado voluntad política y capacidad presupuestaria para sacarla adelante si se daban las condiciones.

El consistorio comenzó a trabajar en ello de manera efectiva ya en 2024, con la realización de estudios técnicos, económicos y jurídicos sobre la viabilidad de la adquisición. En paralelo, se hicieron reservas presupuestarias los años 2024 y 2025, a la espera de disponer de un marco legal que permitiera ejecutar la compra.

Una vía truncada

La vía escogida fue la del tanteo y retracto, un mecanismo que permite a la administración adquirir inmuebles con preferencia en determinados supuestos. Pero esta opción quedó truncada, según explicó ayer jueves la concejala de Vivienda, Sarai Martínez, en el pleno municipal de abril, a respuesta de una pregunta de ERC sobre el futuro del edificio. Martínez explicó que la Agencia de la Vivienda de Cataluña emitió una resolución “totalmente desfavorable” porque el edificio no tiene calificación de vivienda, hecho que impide activar este instrumento. “La vía de tanteo y retracto quedó anulada”, resumió.

Con la posterior confirmación de que la propiedad se ha vendido a un tercero, la concejala admitió que “a día de hoy esta vía ya no existe”, de modo que el Ayuntamiento ha perdido cualquier opción de incorporar este inmueble al parque público. Aun así, defendió el trabajo hecho: “Hemos tenido voluntad técnica, jurídica y económica para adquirir este bien, esto son hechos y no palabras”, y recordó que los recursos previstos para esta operación se han destinado a la compra de otras viviendas en la ciudad mediante el mismo mecanismo.

Desde la oposición, el concejal de ERC Joaquim Camprubí lamentó el desenlace y criticó la gestión del gobierno. “Todos dábamos por hecho que tendríamos este edificio”, afirmó, reprochando que no se haya comunicado con la misma contundencia el fracaso de la operación. “Se dijo públicamente que se compraba el edificio, también se debe decir hoy que no se compra”, insistió.

Camprubí enmarcó este caso en una crítica más amplia a la política de vivienda municipal, recordando que el objetivo anunciado por parte del alcalde David Bote en campaña electoral de alcanzar los 1.100 viviendas públicas queda muy lejos de la realidad actual. “Apenas llegaremos a 150”, aseguró, denunciando lo que considera “populismo” en el anuncio de cifras.

El concejal republicano también puso el foco en el origen del inmueble, en manos de la Sareb a raíz del rescate bancario, y lamentó que estos activos no hayan pasado a titularidad pública: “debería ser propiedad municipal desde hace mucho tiempo, en lugar de estar discutiendo una compra”.