Capgròs
La voz entrecortada es la de Soledad, una vecina de Mataró de 56 años que lleva dos décadas viviendo en la ciudad y que está a punto de ser desahuciada, junto con su hija, de un piso en el barrio de Cerdanyola. El lanzamiento está previsto para el martes 17 de junio a primera hora de la mañana. Será, si nada cambia, el último capítulo de una historia marcada por el dolor, la discapacidad, la injusticia y, según denuncia la víctima, el abandono institucional.
Una vida ligada al piso
Soledad compró el piso, un quinto sin ascensor en la avenida Gatassa, en el año 2005 con una hipoteca en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). “Trabajaba en tres empleos, siempre cotizando a la Seguridad Social. Todo lo hacía para pagar la vivienda”, explica. Pero una mala intervención quirúrgica le provocó una discapacidad permanente y le truncó la vida. Pasó a sobrevivir con una pensión de 460 euros. Después de la crisis de 2008, y ya separada y con una hija pequeña a cargo, no pudo seguir pagando la hipoteca. Entregó el piso en dación en pago y, como tantos otros casos, consiguió un alquiler social para quedarse allí.
“Con el banco acordamos que podía quedarme con un alquiler social hasta que mejorara. Pero no he mejorado. Tengo una discapacidad reconocida del 66%, grado 1 de dependencia, y la salud no me permite recuperarme”, lamenta. Incluso en tiempos de pandemia continuó pagando “cada mes el alquiler social, la luz, el agua y el gas”. Pero la CAM fue adquirida por Banc Sabadell y este acabó vendiendo el inmueble a un fondo buitre: Promontoria Coliseum Residential, vinculado al gigante financiero estadounidense Cerberus. Y la renovación del contrato, que dependía del banco, nunca llegó. Ella misma explica su historia en el siguiente vídeo.
De un alquiler social al abismo
El fondo buitre se niega a renovar el contrato y exige el desahucio inmediato. “Me dijeron que me fuera, que me daban dinero, pero con ese dinero no hago nada. Tienen muchos pisos, que me den uno con un pago más bajo. Yo no pido nada gratis, solo un alquiler asequible como antes”, suplica Soledad. Según el Sindicat d’Habitatge de Mataró, que ha dado a conocer el caso, se trata de una práctica sistemática: “Los fondos buitre prefieren expulsar a sus inquilinos para vender el inmueble a un precio más alto. Es una estrategia especulativa que afecta a cientos de familias en Mataró”.
El pasado 12 de mayo, un primer intento de desahucio fue frenado gracias a una concentración convocada por el Sindicato. Pero el juzgado ha decretado que el siguiente lanzamiento, el 17 de junio, “se hará sí o sí”. Según los activistas, estos desahucios se ejecutan a menudo con grandes dispositivos antidisturbios y a horas muy tempranas para evitar la movilización vecinal.
La vecina que está a punto de ser desahuciada. Foto: R.Gallofré
Sin alternativa habitacional
La hija de Soledad, que acaba de cumplir 18 años, sufre agorafobia a causa del acoso escolar. “Es catalana, ama Mataró, me duele mucho obligarla a vivir en otro lugar, pero si no nos queda más remedio…”, relata la madre. Ha estado buscando pisos por todas partes; incluso encontró uno en Tortosa por 400 euros al mes. “Pero a la hora de firmar los papeles me pidieron acreditar una nómina de 2.500 euros, avales y no sé qué más… ¿Cómo quieren que presente todo eso?”, lamenta.
La vecina de Mataró asegura que ha pedido ayuda a Servicios Sociales desde hace ocho años, pero solo ha recibido como opción una plaza en un albergue, insuficiente e inadecuada para una familia con discapacidades. "Llevo tiempo pidiendo, casi de rodillas, una solución. Puedo pagar, pero no como una inmobiliaria. No pido caridad, pido justicia", insiste.
Imagen de archivo de un desahucio en el barrio de Cerdanyola de Mataró
Una concentración para evitar el desahucio
El mismo día de la entrevista con la vecina, el jueves 12 de junio, está previsto un desahucio de una familia con cinco menores en el barrio de Cerdanyola Norte. A pesar de sus problemas de movilidad, Soledad acudirá como protesta y para apoyar al movimiento por la vivienda. El martes 17 será, desgraciadamente, su turno, ya que es la fecha fijada para el desalojo definitivo.
El Sindicat d’Habitatge ha convocado una concentración en la Avenida Gatassa 113 para intentar frenar el desahucio. “Este caso muestra hasta qué punto la crisis de la vivienda golpea a barrios como Cerdanyola. Muchos medios y políticos pusieron el grito en el cielo por los contenedores quemados, pero callan ante casos como este”, denuncian desde el Sindicato.
Soledad, mientras tanto, espera. “No me siento delincuente. Me siento una persona abandonada por un sistema que no nos protege. Solo pido que nos ayuden, que piensen que cualquiera podría estar en nuestra situación”. Una situación que define como “una tortura”. “No se puede dormir, no se puede comer. Es una auténtica pesadilla”.
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