La jueza descarta delito en las supuestas contrataciones a dedo del Ayuntamiento de Mataró

El Juzgado de Instrucción número 5 de Mataró ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental en diversos procesos de selección y provisión de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Mataró. El auto, con fecha de 21 de enero, determina que los hechos denunciados no tienen relevancia penal y que no constituyen ningún delito.

El archivo afecta a diez trabajadores y extrabajadores municipales que habían sido investigados a raíz de una querella presentada por la Fiscalía después de las denuncias de una extrabajadora municipal ante la Oficina Antifraude de Cataluña a finales de 2023. La exempleada, arquitecta municipal, alertaba de presuntas contrataciones irregulares tramitadas por vía excepcional —que consideraba “a dedo”—, algunas vinculadas a la elaboración del Atlas Urbanístico.

"Ni delito, ni corrupción ni contratación a dedo"

En rueda de prensa celebrada este viernes, el alcalde, David Bote, ha asegurado que se trata de “uno de los temas que más nos ha preocupado en los últimos tiempos y que ha tenido un impacto muy grande”, y ha reiterado que la posición del consistorio “siempre ha sido que se trataba de un conflicto laboral y nada más que eso: ni delito, ni corrupción ni contratación a dedo; ningún indicio penal”. Bote ha subrayado que el Ajuntament de Mataró ha colaborado con la justicia aportando toda la información y documentación requerida, y que era necesario compartir el resultado judicial “por el buen nombre de la institución”.

Según ha explicado el abogado Carles Monguilod, que ha hecho el seguimiento jurídico del caso en representación del consistorio, el proceso de instrucción ha sido “exhaustivo”, con declaraciones de todas las personas implicadas y un amplio análisis documental. La jueza —ha remarcado— ha concluido “de manera muy contundente que no hay ningún indicio delictivo”. En fase de instrucción, ha añadido, si hubiera habido el mínimo indicio, la causa habría tenido que continuar. “No hay ninguna prueba ni diligencia que permita dudar mínimamente que el comportamiento de los trabajadores fue impecable”, ha asegurado.

El sobreseimiento provisional es una figura jurídica que permitiría reabrir el procedimiento si aparecieran nuevas pruebas, aunque Monguilod ha apuntado que en este caso ya se ha valorado todo el material disponible. La Fiscalía, según ha detallado el mismo abogado, se ha mostrado conforme con el archivo.

Informes y comisión especial

El gobierno municipal ha defendido desde el inicio que los procesos de selección investigados se han llevado a cabo de acuerdo con la legalidad vigente. Antes del pronunciamiento judicial hecho público este viernes por el consistorio, el mismo Ayuntamiento había encargado un informe a la Diputación de Barcelona que avaló la corrección de los procedimientos. También se constituyó una comisión informativa especial con representación de todos los grupos municipales para analizar la política de Recursos Humanos y los casos denunciados; las conclusiones aprobadas por el Pleno descartaron irregularidades de carácter penal, con el único voto contrario de Vox.

En paralelo, el consistorio se va personar en la causa como responsable civil subsidiario para tener acceso a la información judicial y actuar en consecuencia si se demostraba alguna irregularidad. Con los datos de que disponía, reiteró entonces que no había motivos para concluir que se hubiera actuado al margen de la ley.

"Acusaciones sin fundamento"

El alcalde ha considerado que durante meses se formularon “acusaciones graves” que, a la luz de la resolución judicial, “queda probado que no tenían ningún tipo de fundamento”. Sin mencionarla directamente, ha acusado a Vox —que había presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial y había hecho de este asunto uno de los ejes de su discurso político contra el gobierno— de haber “criminalizado y perseguido al Ayuntamiento sin ninguna prueba”, anteponiendo intereses partidistas a los de la institución y a los de los trabajadores municipales.

En la misma línea, el concejal de Bon Govern, Miquel Àngel Vadell, ha asegurado que se intentó “generar alarma social y pública para sacar rédito político”, y ha recordado que la formación repartió boletines hablando de presunta corrupción pero finalmente no se personó en la causa penal. “Mentir en esta ciudad no funciona”, ha afirmado.

El gobierno municipal ha expresado, finalmente, su confianza en la tarea de los trabajadores públicos y ha reiterado el apoyo institucional a las personas que han sido investigadas, después de que la justicia haya determinado que no hay ningún delito en los hechos analizados.

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