Mataró, cuando los derechos básicos fallan: vivienda, padrón y agua

Que Mataró haya sido designada Capital Española de la Economía Social 2026 es, sin duda, una noticia relevante. La ciudad ve reconocida una trayectoria tejida con cooperativas, iniciativas comunitarias, entidades sociales y una larga tradición de compromiso colectivo.

Pero toda capitalidad que quiera ser algo más que un eslogan también obliga a mirar de cara la realidad. No solo aquello que funciona. También aquello que falla.

Porque hablar de economía social es hablar de personas. Y, hoy, en Mataró, esto también significa hablar de familias que no pueden acceder a una vivienda digna, de personas que viven pendientes de un desalojo, de hogares sin agua corriente, de ciudadanos que no pueden empadronarse y que, por lo tanto, quedan expulsados de los derechos más elementales.

Hablar de economía social, aquí y ahora, también es hablar de una ciudad que todavía arrastra dificultades serias para acoger, regularizar, integrar y reconocer como parte del “nosotros” colectivo a muchas personas vulnerables.

Estas palabras, nace de esta necesidad: poner nombre a realidades que no son excepcionales ni anecdóticas, sino estructurales. No para alimentar alarmismos fáciles ni buscar culpables simples, sino para abrir una conversación honesta sobre el modelo de ciudad que estamos construyendo.

Si la capitalidad de la Economía Social ha de tener un sentido profundo, no podrá limitarse a celebrar valores en abstracto. Deberá aceptar el reto de convertir estos valores en criterios de acción. Porque no hay ciudad justa si una parte de sus vecinos vive permanentemente a la intemperie administrativa, residencial o social.

Reducir desigualdades no es una declaración institucional.  Es una práctica concreta. Es decidir, día tras día, quién cuenta, quién espera y quién queda fuera.

EMPADRONAMIENTO: Existir sobre el papel para poder existir en derechos

Fátima vive en casa de la persona mayor que cuida. Allí duerme, allí trabaja y allí pasa los días. Pero no puede constar allí. No tiene contrato, no tiene autorización para empadronarse allí y, cuando intenta hacer el trámite, se topa con un muro: no puede acreditar formalmente el domicilio donde vive de hecho. Sin padrón, no puede acceder con normalidad a los servicios básicos ni avanzar en la regularización de su situación.

Su historia no es excepcional. En Mataró, muchas personas que viven en habitaciones realquiladas, en domicilios compartidos o en situaciones residenciales inestables se encuentran con trabas similares. A veces, los requisitos administrativos; otras, circuitos poco claros o contradictorios. El resultado es el mismo: el trámite se bloquea y la persona queda fuera.

Y quedar fuera del padrón no es un detalle menor. El padrón es la puerta de entrada a derechos fundamentales: la sanidad, la escuela, los servicios sociales, los procesos de regularización. También es una forma de reconocimiento: decir “esta persona vive aquí, forma parte de esta ciudad, tiene derechos y también deberes”.

Cuando una persona no se puede empadronar, se vuelve invisible para la administración. Y esta invisibilidad tiene consecuencias muy concretas.

Si Mataró quiere estar a la altura de lo que proclama, garantizar el derecho al padrón debería ser una prioridad clara: facilitar el empadronamiento sin domicilio fijo, evitar laberintos administrativos y asegurar que el registro municipal no se convierta en una barrera. Reconocer la presencia es, a menudo, el primer paso para hacer posible la ciudadanía.

VIVIENDA E INFRAVIVIENDA: Cuando tener techo no quiere decir tener hogar

Hamid vive en un local sin ventilación ni luz natural. Comparte el espacio con tres personas más. Pagan por aquel lugar, a pesar de que no cumple ninguna condición mínima de habitabilidad. No tienen contrato. Tampoco ninguna otra alternativa.

En Mataró, esta escena se repite bajo formas diversas. Cada vez más personas viven en locales, garajes, almacenes o habitaciones sobreocupadas. La presión del mercado, el encarecimiento sostenido del alquiler y la falta de vivienda asequible empujan a muchas familias a aceptar soluciones precarias que nunca deberían haber sido normalizadas.

La ciudad ya conoció en el pasado otras formas de barraquismo. Hoy no siempre adoptan la misma imagen, pero responden a una lógica similar: la distancia creciente entre la necesidad de vivir bajo techo y la posibilidad real de acceder a una vivienda digna.

Y las consecuencias van mucho más allá de la incomodidad. Sin un hogar estable, cuesta más mantener un trabajo, se rompe la continuidad escolar de los niños, se agravan problemas de salud física y mental y se debilitan los vínculos sociales. La infravivienda no es solo precariedad residencial: a menudo es la puerta de entrada a procesos más amplios de exclusión.

Por eso, si Mataró quiere ser referente de una economía que ponga la vida en el centro, también deberá afrontar este reto con medidas tangibles: más vivienda social y asequible, más prevención de la precariedad residencial y más recursos temporales dignos para situaciones de emergencia. Una ciudad que cuida no solo protege edificios; garantiza un lugar donde poder vivir.

DESAHUCIOS: Cuando perder la casa es empezar a caer

Silvia vive con sus dos hijos en un piso de alquiler. Tiene trabajo, pero parcial. Cada mes es una carrera para llegar a fin de mes. Un gasto inesperado, una reducción de ingresos, una factura que se acumula, y el equilibrio se rompe. Si llega el desahucio, la pregunta no es solo cómo pagará. La pregunta es dónde irá.

En Mataró, como en buena parte de Cataluña, la mayoría de desahucios no tienen origen en grandes titulares ni en situaciones excepcionales, sino en una realidad cada vez más extendida: familias que no pueden sostener el precio del alquiler. La precariedad laboral y el encarecimiento de la vivienda presionan a miles de hogares. Mientras tanto, los casos vinculados a ocupaciones concentran una gran parte de la atención pública, a pesar de ser solo una parte del problema.

Para una familia, un desahucio no es solo la pérdida de un techo. Es desarraigo, interrupción escolar, estrés, deterioro emocional, fragilidad crónica. Cuando no hay alternativas estables, el problema no se resuelve: solo se desplaza.

El reto, por lo tanto, no es solo atender la emergencia final, sino actuar antes. Contener los precios abusivos, reforzar la mediación, garantizar alternativas antes del lanzamiento, ampliar el parque de vivienda asequible y mejorar la coordinación entre administraciones y entidades. Y también, allí donde sea viable, promover fórmulas como la vivienda cooperativa en cesión de uso.

Una ciudad cohesionada es la que protege la continuidad vital de las familias antes de que la ruptura sea irreversible.

SENSELLARISMO: Cuando quedarse sin hogar es quedarse sin red

Joana trabaja en Mataró como interna cuidando a una persona mayor. Cocina, limpia, acompaña y está disponible prácticamente todo el día. Está a punto de parir. Pero la familia de la persona a quien cuida ya le ha dicho que, cuando nazca la criatura, tendrá que irse.

En el hospital le han advertido de otra posibilidad aún más dura: si no dispone de un lugar donde vivir, los servicios de protección podrían intervenir. Joana puede quedarse sin techo y, al mismo tiempo, arriesgarse a perder a su hijo.

Esta historia muestra hasta qué punto el sinhogarismo no es solo dormir en la calle. También es vivir colgando de una habitación provisional, depender de la tolerancia de otros, no tener ninguna alternativa cuando todo se rompe. En Mataró, cada vez hay más personas atrapadas en esta frontera inestable entre alojamiento precario y ausencia total de hogar.

Cuando se pierde la vivienda, a menudo también se pierde el acceso efectivo al resto de derechos. Mantener un trabajo se complica, la salud se resiente, la vida cotidiana se convierte en una batalla constante. Y cuando hay menores o bebés, el impacto es aún más grave: lo que está en juego no es solo la pobreza, sino la posibilidad de crecer en un entorno mínimamente seguro y estable.

Si Mataró quiere avanzar como capital de la economía social, no puede tolerar que una emergencia residencial desemboque en desprotección. Se necesitan alojamientos de emergencia suficientes e inmediatos, espacios residenciales dignos, prioridad real para las situaciones con menores y una coordinación efectiva entre servicios y administraciones. También es necesario acompañar a las personas y familias vulnerables, con padrón o sin él, para que la protección no dependa de un requisito formal cuando la vida se está hundiendo.

Una ciudad que cuida no puede aceptar que perder el hogar signifique perderlo todo.

ACCESO AL AGUA: Cuando abrir el grifo deja de ser una evidencia

Nazli abre el grifo y no sale agua. Su hijo, de 14 años, baja hasta la fuente del barrio, llena garrafas y las sube hasta el cuarto piso. Viven en una vivienda ocupada y no pueden contratar el suministro porque la propiedad no autoriza el alta.

Parece una escena lejana, pero pasa aquí. En Mataró, algunas familias se encuentran sin acceso regular al agua por la falta de contrato de alquiler o por exigencias administrativas vinculadas a la autorización del propietario. Son situaciones que afectan sobre todo a hogares ya golpeados por otras formas de vulnerabilidad residencial.

Cuando el agua falta, la vida cotidiana se deteriora enseguida. La higiene se complica, la alimentación también, el cuidado de los niños, la salud, el descanso, la intimidad. Lo más básico se convierte en una carga diaria.

Por eso, hablar de agua no es hablar solo de un servicio. Es hablar de salud pública, de dignidad y de igualdad. Una ciudad que se quiere cuidadora debería garantizar el acceso efectivo a los suministros básicos, revisar los requisitos que dejan fuera a las familias más vulnerables y asegurar que las tarifas sociales no sean solo una previsión teórica, sino una realidad accesible.

El agua no es un privilegio. Es una condición elemental para vivir con dignidad.

La prueba de verdad

Mataró tiene una oportunidad. Aunque la capitalidad de la Economía Social 2026 no tenga una relación directa con problemáticas como la vivienda, el sinhogarismo, los desahucios o el acceso al agua, sí que interpela a la ciudad sobre la manera como quiere responder a estas realidades desde los valores de la justicia social, la cohesión y la dignidad humana.

Porque una ciudad no se mide solo por lo que proclama, sino por aquello que garantiza. Y no hay economía social creíble si una parte de sus vecinos continúa viviendo fuera del marco efectivo de los derechos más básicos.