Mataró y la lucha contra la multirreincidencia

Hay una idea que a menudo queda eclipsada por el ruido de la política estatal y por los grandes debates mediáticos: los ayuntamientos son un buen termómetro para detectar, entender y anticipar los problemas que afectan a la ciudadanía. Los gobiernos locales son la primera línea institucional. Es en las plazas, en los barrios, en los comercios, en las escuelas y en las calles donde las administraciones municipales toman el pulso real de la realidad social.

Por eso, cuando muchos ayuntamientos, y especialmente Mataró, empezaron en el mandato 2015-2019 a advertir sobre el impacto de la multirreincidencia delictiva, no lo hacíamos movidos por ninguna estrategia partidista. Lo hacían porque escuchábamos a los vecinos y vecinas, porque escuchábamos al Colegio de Abogados y porque observábamos cómo determinadas conductas delictivas reiteradas erosionaban la convivencia y la percepción de seguridad ciudadana.

Es cierto que, a menudo, la sensación de inseguridad es amplificada por discursos alarmistas, especialmente desde sectores de la derecha y la ultraderecha, algunos medios de comunicación y determinados altavoces de las redes sociales. Pero también sería un error negar problemas reales que existen y que afectan la calidad de vida de muchos barrios y ciudades.

De hecho, conviene recordar que hoy nuestras ciudades son, en términos generales, más seguras que durante las décadas de los setenta, ochenta y parte de los noventa, cuando muchos barrios sufrían de manera especialmente dura los efectos de la heroína y las bandas juveniles. Pero esto no significa ignorar los nuevos fenómenos que han ido emergiendo durante los últimos años.

Los ayuntamientos hace tiempo que señalan dos factores que deterioran la convivencia y la seguridad ciudadana: la multirreincidencia delictiva y las ocupaciones delincuenciales. Y lo han hecho con una mirada mucho más pragmática que ideológica.

En este sentido, Mataró ha sido un ejemplo especialmente claro de liderazgo institucional y de capacidad de anticipación. Desde el primer gobierno municipal encabezado por el alcalde David Bote, el Ayuntamiento ha impulsado numerosas declaraciones institucionales, manifiestos y acuerdos políticos reclamando reformas legislativas y más herramientas para combatir la reincidencia delictiva y reforzar la convivencia.

Este consenso municipal es especialmente relevante porque refleja una realidad poco habitual en la política actual: la seguridad ciudadana ha sido abordada desde el acuerdo amplio entre sensibilidades políticas muy diferentes. Las reivindicaciones impulsadas desde Mataró no han sido patrimonio de un solo partido, sino la expresión de una preocupación compartida por buena parte de la sociedad local.

Durante mi etapa como concejal de los gobiernos municipales de 2015 a 2019 y de 2019 a 2023, pude comprobar cómo muchas de las demandas ciudadanas que llegan a los ayuntamientos o problemas detectados por la gestión municipal solo podían empezar a resolverlos poniéndolos en la agenda de la política catalana y española.

La multirreincidencia delictiva es un ejemplo bastante evidente.

Por eso, como diputado en el Congreso, he considerado especialmente importante poder contribuir a trasladar las reivindicaciones del mundo local —y particularmente de Mataró— a la reforma legislativa estatal. He tenido la oportunidad de participar como uno de los ponentes del Grupo Parlamentario Socialista en la negociación de la reforma del Código Penal en materia de multirreincidencia aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 26 de marzo.

Una reforma que no solo actúa sobre los hurtos reiterados inferiores a los 400 euros, sino que también incorpora nuevas herramientas ante otros fenómenos delictivos cada vez más presentes, como las estafas reiteradas —especialmente las ciberestafas— o los robos en explotaciones agrarias y ganaderas.

También se ha querido dar una respuesta más adecuada al robo de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos personales. Porque no es lo mismo sustraer un objeto cualquiera de un establecimiento comercial que robar un teléfono móvil personal que contiene datos bancarios, tarjetas de crédito, información privada, documentación digital, fotografías, claves de acceso o datos personales sensibles.

Esta reflexión ya la planteé hace años, en un artículo publicado en 2011 en mi blog bajo el título “Hurtos: ¿Cuál debe ser el bien jurídico protegido?”, donde defendía que el valor económico de un objeto sustraído no necesariamente era el bien más valioso afectado, sino que podía ser “la seguridad” o “la intimidad”.

Por otro lado, con la finalidad de evitar la reiteración delictiva y reforzar la protección de las víctimas desde las primeras fases del procedimiento, se modifica la Ley de enjuiciamiento criminal para garantizar que los juzgados puedan adoptar con más eficacia medidas cautelares de carácter personal, incluida la prohibición de acudir o residir en determinados lugares.

La reforma incorpora también una cuestión especialmente importante para el mundo local: la posibilidad de que los ayuntamientos se personen en determinados procedimientos vinculados a la multirreincidencia y a los delitos que afectan gravemente a la convivencia.

Este aspecto es fundamental. Muchas veces las víctimas individuales no pueden asumir, por sí solas, el coste emocional, económico o procesal de determinadas situaciones. Pero, además, los efectos de la delincuencia reiterada van mucho más allá de la víctima concreta. Cuando una misma persona comete de manera sistemática decenas de hurtos, robos o actos incívicos, el problema deja de ser exclusivamente individual y pasa a afectar al conjunto de la comunidad.

Es aquí donde los ayuntamientos deben poder actuar como garantes de la convivencia, la cohesión social y la seguridad colectiva.

Además, la reforma aprobada incorpora una disposición adicional que compromete al Gobierno en el incremento de plazas judiciales, cuestión esta importantísima dado que de poco serviría la modificación legal penal sino se mejoran los recursos para gestionarla.

La reforma aprobada no solucionará, por sí sola, todos los problemas vinculados a la inseguridad. Ninguna reforma penal es milagrosa. La seguridad necesita también políticas sociales, educativas, urbanísticas y de prevención. Necesita coordinación policial, justicia ágil, recursos suficientes y oportunidades de inclusión.

Pero negar la necesidad de actualizar las herramientas jurídicas ante nuevas formas de delincuencia reiterada también sería irresponsable.

Precisamente por eso es importante reivindicar hoy el papel de los gobiernos locales. Porque mientras algunos banalizaban o instrumentalizaban el problema, municipios como Mataró hace años que trabajaban desde el rigor institucional, el consenso político, la validación de los profesionales y la proximidad con la ciudadanía.

Cuando el Congreso de los Diputados aprobó la reforma del Código Penal contra la multirreincidencia el pasado 26 de marzo, también estaba reconociendo, en cierto modo, el trabajo persistente de muchos ayuntamientos catalanes que hacía años que advertían de esta realidad.

Y esto demuestra una vez más que, a menudo, los municipios no solo gestionan problemas: también son capaces de anticipar las soluciones.