Capgròs
La reclamación de 357,8 millones de euros presentada por Mataró Parc contra el Ayuntamiento de Mataró ya ha provocado las primeras reacciones políticas. ERC y Junts per Mataró han exigido explicaciones al gobierno municipal sobre la gestión del conflicto, aunque con acentos diferentes. Los republicanos denuncian falta de transparencia e interpretan la reclamación como una maniobra de presión para ampliar el centro comercial, mientras que Junts pone el foco en los antecedentes urbanísticos y reclama aclarar qué ha hecho el Ayuntamiento durante los últimos años.
Son los dos primeros partidos del arco parlamentario local en salir al paso de una noticia que ha caído como una bomba.
ERC denuncia opacidad y presiones para ampliar Mataró Parc
Esquerra Republicana acusa al gobierno de David Bote de haber ocultado durante meses la reclamación y de haber informado insuficientemente a la oposición. Según ERC, se convocó una Junta de Portavoces extraordinaria sin orden del día y sin facilitar documentación técnica ni jurídica. "Esta opacidad es recurrente en la manera de gobernar del alcalde David Bote", denuncia la formación, que exige acceso al expediente completo e información permanente sobre el procedimiento.
Los republicanos también interpretan la reclamación como un intento de forzar una modificación urbanística que permita ampliar Mataró Parc. Recuerdan que la empresa ha advertido que, si no se aprueba, "se irán incrementando los daños que se reclaman en este momento". "Mataró Parc quiere sacar beneficio de esta situación y presionar para que se apruebe una ampliación que siempre hemos rechazado", afirma ERC, que reivindica la defensa del comercio urbano y de proximidad.
Junts reclama aclarar qué se ha hecho desde 2018
Junts per Mataró también exige transparencia, pero insiste en que "una reclamación no es una condena" y que los 357,8 millones reclamados no constituyen ninguna deuda reconocida. La formación recuerda que un dictamen jurídico municipal de 2018 ya advertía de la necesidad de regularizar el sector C-1 Cirera Nord y que en 2019 se encargaron estudios previos. Por ello reclama conocer las actuaciones, decisiones y obstáculos acumulados desde entonces.
Junts defiende que cualquier ampliación comercial debe justificarse con criterios urbanísticos, ambientales, comerciales y de movilidad, y pide datos sobre el impacto en el comercio local. "Ni el importe extraordinario de una reclamación puede determinar por sí mismo el planeamiento de la ciudad, ni la defensa jurídica del Ayuntamiento puede sustituir las explicaciones políticas que corresponden al gobierno municipal", concluye Junts.
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