Capgròs
Una treintena de personas, la mayoría residentes en el asentamiento desalojado el lunes en Cinc Sènies, se han concentrado este martes por la mañana frente al Ayuntamiento de Mataró reclamando una solución habitacional tras haberse quedado sin lugar donde vivir. El desalojo afectó a un total de 163 personas, 21 de las cuales menores. De todas ellas, 60 han sido reubicadas en alojamientos de emergencia, por el momento por un máximo de 3 días. La mayoría, por lo tanto, siguen en situación de emergencia habitacional. El campamento, situado en terrenos agrícolas protegidos en la zona de Mata – Valldeix, había sido ocupado de manera irregular durante años y en su interior vivían decenas de familias, de perfiles diferentes pero muchas de ellas en situación vulnerable y sin alternativa habitacional dentro del mercado inmobiliario.
Según Servicios Sociales, unas sesenta personas han aceptado alojamiento de emergencia, incluyendo 13 menores, mientras que 12 personas han rechazado la opción propuesta. Ahora se valorará cuántas participarán voluntariamente en un plan de seguimiento más allá del alojamiento temporal. Las personas a las que se ha conseguido este techo provisional para un máximo de tres días están empadronadas en Mataró. Las que lo están en otros municipios han sido derivadas a sus ayuntamientos respectivos. Tanto a estas como a las que directamente no constaban empadronadas en ningún sitio, se les ha ofrecido un alojamiento temporal la pasada noche si no podían acudir a ningún otro lugar.
La concejala de Vivienda habla con los afectados a las puertas del Ayuntamiento. Foto: V. B.
Reunión con el alcalde
Los manifestantes han conseguido ser recibidos por el alcalde, David Bote, y las concejalas de Bienestar Social y Vivienda. A la salida de la reunión, Bote ha destacado que “el Ayuntamiento de Mataró está en situación de emergencia habitacional y las opciones son limitadas. Los servicios sociales mantienen un grupo de acogida para atender caso a caso a las personas empadronadas en Mataró y ver qué mecanismos se pueden activar”.
"El Ayuntamiento de Mataró está sometido a una situación de emergencia habitacional, y las opciones disponibles son muy limitadas" (Bote)
El alcalde ha añadido que el desalojo fue necesario para “garantizar la seguridad ante los riesgos de incendio e instalaciones precarias” y que “el compromiso es acelerar al máximo el acceso para que las familias puedan recuperar sus pertenencias”. También ha recordado que la situación no tiene una solución universal: “Cada caso es diferente y requiere decisiones técnicas. No hay magia: no hay dos familias iguales, y solo los profesionales pueden determinar la mejor opción”.
Bote ha recalcado que había “mucha mala fe” por parte de las dos personas que explotaban el recinto, realquilándolo de forma ilegal, y que ahora están siendo investigadas por los Mossos d'Esquadra por diversos delitos penales y administrativos vinculados al campamento. También ha destacado que el Ayuntamiento actúa dentro de sus competencias municipales, mientras que el derecho a la vivienda es autonómico, y que “quienes no son de Mataró se han emplazado a sus ayuntamientos de origen”.
"El compromiso es intentar acelerar al máximo el acceso para que las familias puedan recuperar sus pertenencias" (Bote)
Durante la manifestación, previa a la reunión con el alcalde, dos representantes de los desalojados, Verónica Mochón y Miguel Darío Geovelina, han denunciado la falta de comunicación y el realojo insuficiente. “Hasta las dos de la madrugada estuvimos ayudando a personas que se han quedado en la calle. No todas las familias recibieron alojamiento; solo a unas pocas las derivaron a Pineda de Mar, Girona o Barcelona, dejándolas sin dinero ni posibilidad de ir a trabajar o llevar a los hijos al colegio”, han explicado.
Asentamiento ilegal en las Cinc Sènies. Foto: R.Gallofré
"No se ha ofrecido alojamiento a todas las familias; algunas han tenido que pasar la noche en la calle" (residentes afectados)
Los afectados también han denunciado que la única solución temporal ha sido alojamiento en hostales u hoteles por dos o tres días y solo para quien está empadronado, mientras que algunos tuvieron que pagar por no estar empadronados o pasaron la noche en la calle. "Estábamos en una vivienda y ahora estamos en un coche. ¿Qué pretenden desde el Ayuntamiento?", han lamentado. Los afectados han asegurado que “intentábamos hablar con el Ayuntamiento para paralizar el proceso judicial hasta encontrar una solución, enviando vídeos y firmas, pero no obtuvimos respuesta. Enviamos un escrito hace dos semanas y nadie contestó; ayer nos encontramos con el desalojo ya hecho”.
También han insistido en que “no queremos nada gratis; solo buscamos un lugar donde pagar y vivir. Si no pueden ofrecer esto, al menos que nos den tiempo. Los terrenos están a cargo del Ayuntamiento; podrían permitirnos volver aunque sea por un mes o avisar cuándo debemos desalojar”.
El dispositivo policial que desalojó el campamento movilizó a más de 300 efectivos y afectaba a unas 15 hectáreas, donde se habían llegado a concentrar más de un centenar de familias. El asentamiento había crecido irregularmente sobre terrenos agrícolas, con instalaciones precarias y alto riesgo de incendio. La investigación penal continúa, con dos personas denunciadas por explotación ilegal del recinto y otros posibles delitos medioambientales y económicos.
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