Capgròs
El desalojo del asentamiento ilegal de las Cinc Sènies, iniciado el lunes con un despliegue de más de 300 efectivos policiales, ha revelado un dato que ha llamado la atención: 85 personas constaban empadronadas y 44 más estaban en trámite de serlo, además de otros residentes sin censar. Todo ello, a pesar de tratarse de un recinto levantado en suelo agrícola protegido y sin ningún contrato legal.
Preguntado sobre cómo es posible, el alcalde de Mataró, David Bote, lo ha justificado en base a la legislación: “La ley del padrón funciona al margen de muchos de estos elementos. El padrón es una herramienta de control que tiene la Administración. Imaginaos que hubiera algún tipo de elemento sanitario, es conveniente saber las personas que viven en el conjunto de una ciudad”, ha explicado.
Según el alcalde, negar el empadronamiento habría sido contrario a la ley: “Si los funcionarios no los hubieran empadronado, estarían prevaricando”.
Bote en declaraciones en la zona donde se lleva a cabo el desahucio
Qué dice la ley del padrón
Tal como recoge la Generalitat, el padrón municipal es el registro de todas las personas que viven en un municipio, y empadronarse es tanto un derecho como una obligación, sea cual sea la nacionalidad o la situación administrativa.
La inscripción otorga la condición de vecino o vecina, permite acceder a servicios básicos como la salud, la educación o los servicios sociales, y determina el tiempo de permanencia en el Estado. Además, la legislación establece que los ayuntamientos tienen la obligación de aceptar las solicitudes de empadronamiento: si en un plazo de tres meses no responden, la petición se entiende estimada.
Despliegue policial en el asentamiento irregular de las Cinc Sènies de Mataró. Foto: Ayuntamiento
Un debate abierto: las trabas al empadronamiento
Aunque la norma es clara, diversos municipios de Cataluña han sido acusados de poner trabas al empadronamiento, especialmente en casos de infravivienda, ocupaciones o personas en situación administrativa irregular. Estas prácticas limitan el acceso a los servicios básicos y generan desigualdades territoriales.
Ante ello, este mayo se ha impulsado el Pacto por el Padrón en Cataluña, un manifiesto de la Red de Entidades del Padrón al que ya se han adherido 86 entidades y organizaciones del tercer sector, sindicatos y colegios profesionales. El texto reclama un compromiso político amplio que garantice el derecho universal al empadronamiento y evite la arbitrariedad municipal.
El manifiesto denuncia que las trabas al padrón alimentan la exclusión residencial y la criminalización de la pobreza, y reivindica que “empadronar a los vecinos y vecinas de un municipio es construir ciudades y pueblos seguros, cohesionados y saludables”.
Oficinas municipales donde realizar trámites como el empadronamiento
El caso de las Cinc Sènies
En este contexto, el caso de Mataró ejemplifica la complejidad del padrón: a pesar de tratarse de un asentamiento irregular, las personas que vivían allí tenían derecho y obligación de empadronarse. El Ayuntamiento lo hizo, por motivos legales y también para disponer de una radiografía real de la población a la que debía ofrecer servicios sociales.
Ahora, tras el desalojo, la mayoría de familias se encuentran en una situación de incertidumbre y solo disponen, de momento, de un recurso temporal de tres noches en hostales. Mientras tanto, la Fiscalía y los Mossos mantienen abierta una investigación contra los gestores del asentamiento por delitos urbanísticos, medioambientales y económicos.
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