Nuria Moreno, sobre el camping ilegal: "Hay riesgo para las personas y el medio ambiente"

El Ayuntamiento de Mataró ha dado un paso más en el proceso para clausurar el camping ilegal de la carretera de Mata, ubicado en terrenos rústicos protegidos dónde desde hace años se desarrollan actividades sin licencia. El consistorio ha aprobado la ejecución forzosa de cierre y ha presentado al juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona una solicitud para obtener autorización de entrada a las 12 parcelas afectadas. El objetivo es desalojar las personas que viven y retirar instalaciones, aparatos y residuos que suponen un riesgo de incendio.

Según ha explicado la alcaldesa accidental, Nuria Moreno, "nos encontramos ante un campamento que no dispone de ninguna autorización ni de licencia ambiental y que comporta un riesgo grave para las personas y para el medio ambiente. Estamos hablando de una zona agrícola muy próxima al Parque Natural del Montnegre y el Corredor, catalogada como de alto riesgo de incendio, donde se han detectado carencias graves de seguridad".

Las inspecciones municipales han posado de manifiesto que el recinto no dispone de franjas perimetrales de protección, hidrantes ni viales de acceso para los servicios de emergencia. Además, la actividad diaria que se lleva a cabo incrementa el peligro. "Se cocina en caravanas, a menudo con bombonas de gas, sin medidas de autoprotección ni distancias de seguridad. Todo ello genera un riesgo de incendio evidente", ha remarcado Moreno.

El Ayuntamiento lleva años advirtiendo de la situación. Desde el 2021 se han abierto hasta cinco procedimientos sancionadores contra la empresa locataria de los terrenos, Nayla BNS SL, incluida una multa de 25.000 euros. En el último decreto, firmado el 16 de julio, ya se acordaba la clausura y se daba un plazo de cinco días porque la empresa procediera voluntariamente al desalojo y la retirada de instalaciones peligrosas. En no cumplirse, se ha optado para llevar el caso a los tribunales. "Nos hemos visto obligados a recurrir al juzgado porque la empresa no ha actuado dentro de los plazos establecidos. El nostre objetivo es clausurar la actividad y garantizar la seguridad de las personas y del medio ambiente", ha insistido la alcaldesa accidental.

Más de 70 personas empadronadas al recinto

A mediados de julio constaban 73 personas empadronadas al recinto, a pesar de que el consistorio admite que esta cifra puede haber variado. El Ayuntamiento tiene preparado un dispositivo conjunto con Bienestar Social, Policía Local y Mossos d'Esquadra para intervenir luego que se obtenga la autorización judicial. "En el momento que podamos entrar, se valorará la situación de cada familia y se aplicarán los protocolos de respuesta social para atender posibles casos de vulnerabilidad", ha asegurado Moreno.

Con este paso, el gobierno local pretende posar punto final a una actividad que considera il·legalitzable, puesto que se lleva a cabo en terrenos destinados exclusivamente al uso agrícola. "Hace tiempo que advertimos que este asentamiento es incompatible con la normativa urbanística y ambiental, y ahora toca actuar por responsabilidad. La seguridad de las personas y la protección del medio natural tienen que prevalecer", ha concluido Moreno.