"Una persona vulnerable debe tener un techo, pero no puede ser el mío o el tuyo"

Maria Pastor, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Mataró, se ha convertido en una de las principales voces jurídicas contra el fenómeno de las ocupaciones delictivas en Cataluña, el cual ha tenido un impacto especialmente importante en su ciudad. Al frente de la abogacía local, ha liderado una estrategia que combina la presión institucional, la propuesta de reformas legislativas y el impulso de mecanismos judiciales rápidos para hacer frente a la problemática. Su labor ha llegado hasta instancias como el Parlamento Europeo, donde ha intervenido como experta en la materia, defendiendo una respuesta más ágil y eficaz ante un fenómeno que afecta a comunidades enteras. En esta entrevista, repasa las diferentes iniciativas que ha ayudado a impulsar para combatirlo, y las dificultades y obstáculos que aún no se han resuelto.

¿Cuándo empezó a cobrar fuerza en Mataró el debate legal sobre las ocupaciones?

Empezó con el anterior decano, Julio Naveira, aproximadamente en 2018. En aquella etapa se logró llevar el debate al Parlamento y se defendió la conocida como “ley de desahucio exprés”. Pero era una ley civil, no penal. Solo podían acogerse a ella personas físicas y entidades sin ánimo de lucro. Los grandes tenedores quedaban fuera, y eso ya limitaba mucho la defensa en torno a las ocupaciones de pisos vacíos que eran ocupados por mafias.

¿Qué pasó después?

En 2020, un grupo de la abogacía catalana —entre los que me encontraba yo— retomamos el tema, porque el fenómeno había crecido mucho, sobre todo a raíz de la pandemia. En Mataró había 41 ocupaciones mensuales. Llevamos a cabo una estrategia de visibilización: artículos, reflexiones con juristas... Esto ayudó a mover cosas en el ámbito judicial.

¿Funcionaron?

A medias. La cláusula final de la instrucción 1/2020 que impulsó Fiscalía al respecto decía: “si hay personas vulnerables, siempre prevalecerá esta premisa”. Esto creaba confusión: los cuerpos de seguridad no sabían cómo actuar y acababan priorizando la vulnerabilidad.

¿Qué habría que hacer, según usted, ante una ocupación?

Los primeros minutos son clave. Hay que decidir si hay delito. Después ya se verá si hay vulnerabilidad, si se han usado mafias... Pero el momento inicial aún no está resuelto. En otros países, en 24 o 48 horas, con una simple notificación, la policía actúa. Aquí no. No lo hemos conseguido.

Desde Mataró, ¿qué se propuso?

Actuar en el momento de la judicialización que se estaba produciendo en estos temas. Proponíamos que estos casos se consideraran delitos de guardia, con juicio y sentencia en ocho días. Conseguimos que hacia el año 2022 algunos jueces lo aplicaran, y se celebraban hasta 15 juicios en una semana. Pero colapsaba el sistema y finalmente se dejó de hacer. Aun así, mientras se implementó, las ocupaciones bajaron muchísimo.

¿Por qué funcionaba?

Porque las mafias sabían que a los ocho días las personas que utilizaban estaban fuera del inmueble ocupado. Era disuasorio. El sistema fue un éxito, aunque solo lo aplicaban algunos y acabaron sobrepasados.

Las frases

• “Cuando se hacían juicios rápidos en Mataró, las ocupaciones cayeron en picado”

• "El problema no es la vulnerabilidad: es no actuar a los cinco minutos"

• “Una cosa es hacer leyes, otra es aplicarlas con recursos”

• “No puede ser que una persona en lista de espera no tenga techo porque este está ocupado”

• “Las comunidades de propietarios siguen desprotegidas”

¿Recibieron apoyo del gobierno español?

No. La primera respuesta de 2020 decía, de manera implícita, que era un problema catalán. Pero ahora hace mucho tiempo que también pasa en Madrid, Galicia o Andalucía.

El fenómeno está muy desequilibrado a nivel geográfico

En el norte de España (País Vasco, Asturias, Cantabria) prácticamente no hay. Allí, en el primer momento echan fuera y nadie se queja. No hay legitimidad social para ocupar. Aquí, en cambio, parece que sí. La labor de ciertas entidades ha contribuido mucho.

¿Y ahora en qué punto estamos?

Aquella vía de la judicialización rápida se canceló, pero parece que se vuelve a recuperar. Ha llegado una nueva ley, la 1/2025. La parte buena es que también apuesta por los juicios rápidos, aquellos que impulsamos nosotros en 2022. Ya se está aplicando la ley desde el 3 de abril, de hecho, pero aquí en Mataró todavía no tengo noticia de cómo está evolucionando, al ser tan reciente. no se ha hecho ninguno de esos juicios exprés

¿Cómo valora este cambio?

Antes era un acuerdo entre jueces, ahora es ley. Hemos dado un paso. Si se aplica, se lograría judicializar tramitar más rápido. Y eso puede tener un efecto disuasorio, como el que habíamos logrado en la ciudad en 2022. Pero las leyes son como ruedas cuadradas: avanzan a trompicones. Harán falta recursos para que funcione.

Si no los hay, ¿todo queda en papel mojado?

Exacto. Si hay 15 juicios a la semana y no hay medios, estaremos igual que hace tres años y no iremos a ningún sitio. La ley está bien, pero hay que aplicarla. Y hay cuestiones como las comunidades de propietarios y las primeras 48 horas de una ocupación que aún quedan fuera del texto.

Estos procesos, en todo caso, deben ser rápidos pero también justos, ¿no?

Claro. Es justo que una persona vulnerable tenga techo. Pero no puede ser el mío, ni el tuyo. Tiene que ser el que le proporcione la administración, con apoyo de servicios sociales. Hay personas esperando vivienda social que no pueden acceder a ella porque está ocupada. No tiene ninguna lógica.