"El catalán es la lengua vehicular del país y es una herramienta vertebradora que ayuda a la cohesión social".
Con esta frase tan y tan utilizada por muchas personas, colectivos, grupos políticos y asociaciones que defienden el uso del catalán y los derechos lingüísticos de los catalanohablantes en Catalunya, acaba un vídeo de la CUP de Mataró donde se hace referencia al corto debate producido en el pleno del mes de julio entre el concejal cupaire Carlos Garcia y la concejala socialista Heidi Pérez.
El debate se produce por la presentación de un ruego "QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE LA CUP MATARÓ PARA EXCLUIR DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LAS BARRAS DE LES SANTES AQUELLAS ENTIDADES QUE ARRINCONAN LA LENGUA Y NO CUMPLEN LA NORMATIVA".
Si en el título del ruego ya se utiliza el concepto "excluir", en el texto aparecen palabras como "denuncia" y "sanción" que endurecen el lenguaje utilizado e indican, con cierta claridad, la estrategia de la CUP para abordar el enésimo conflicto sobre el uso de la lengua catalana.
Cabe decir que me considero una persona afectada por la vulneración de mis derechos lingüísticos como catalanohablante en múltiples ocasiones y, evidentemente, también, por la actuación absolutamente irresponsable hacia la lengua catalana por parte de algunas de las entidades adjudicatarias del servicio de bar en la fiesta mayor del verano pasado.
Dicho esto, no comparto ni el lenguaje ni la propuesta del ruego del grupo municipal de la CUP por su trasfondo punitivista, que contradice el sentido y la voluntad de la frase con la que he iniciado este texto, y que cierra el vídeo de la CUP sobre este asunto.
El ruego que yo habría presentado al pleno habría pedido a la Concejalía de Política Lingüística de la ciudad la convocatoria de un encuentro abierto a las entidades adjudicatarias, los grupos políticos municipales y las entidades que componen la Taula per la Llengua, para abordar el conflicto mediante el diálogo y la escucha.
Alcanzando acuerdos y consensos después de haber podido identificar los agravios y la afectación sobre los derechos individuales y colectivos del menosprecio evidente del catalán por parte de algunas entidades. Y también, entender las razones o motivaciones de la falta de uso de la lengua catalana en el servicio de bar por parte de estas.
Las respuestas punitivistas a los conflictos lingüísticos en el contexto social y político catalán actual no me parecen ni adecuadas ni útiles para su resolución. En cambio, la confrontación dialogada de los posicionamientos, razones y motivaciones de las diversas partes implicadas en este conflicto es una vía que, además de permitir acuerdos para superarlo, aportaría vertebración y cohesión social a la ciudad.