A menudo, quien compra una casa junto al bosque busca paz y desconexión. Esto es lo que hizo un vecino de la urbanización de Les Sureres de Mataró hace aproximadamente un año y medio. Pero la calma le duró muy poco: "El primer fin de semana que nos instalamos ya vimos que teníamos un problema muy gordo", recuerda.
Desde entonces, asegura que casi cada fin de semana convive con música a gran volumen, gritos, peleas, un tráfico constante de vehículos y grupos numerosos de personas concentrados en dos viviendas de uso turístico (HUT) de la zona. Este residente prefiere mantener el anonimato, como el resto de vecinos consultados que están afectados por la situación, de cara a evitar represalias.
Con el apoyo de otros vecinos afectados, el hombre llevó el caso ante la Defensoría de la Ciudadanía de Mataró, que a finales del año pasado concluyó que la actuación municipal "no había sido suficiente ni eficaz" e instó al Ajuntament de Mataró a actuar de oficio sobre la actividad. La gestión de los alojamientos, en cambio, niega de manera taxativa que los inmuebles funcionen como salas de fiestas; mientras que el consistorio se defiende calificando el caso de complejo y asegura que continúa evaluando las posibles vías administrativas y legales para actuar.
Imágenes de las casas en Booking.com
Más allá del alquiler turístico: "Es un negocio de fiestas"
Las dos viviendas, con el nombre de Villa Rosa y Villa Maresme y situadas en las calles Riu Onyar y Riu Llobregat respectivamente, se alquilan habitualmente a través de plataformas de reservas en línea. Según los denunciantes, sin embargo, el uso real de las casas se aleja mucho del turismo familiar: aseguran que suelen ser ocupadas por grupos de jóvenes que organizan macrofiestas con decenas de personas, entre ellas ajenas a la reserva. Uno de los vecinos relata que normalmente las alquilan unos cuantos y después invitan a más gente, lo cual se traduce en una afluencia constante de coches y grupos de jóvenes subiendo a pie desde el núcleo urbano a altas horas de la noche.
Los afectados explican que estos encuentros suelen alargarse hasta la madrugada con música, gritos, consumo de alcohol y desechos en la vía pública. "Fuman, beben, gritan, dejan basura por la calle... Imagínate el ambiente", resume uno de los vecinos. El problema, alertan, ya ha traspasado el límite de la contaminación acústica para convertirse en una preocupación de seguridad ciudadana.
"Me he encontrado grupos de jóvenes peleándose a puñetazos delante de casa. Tenemos una niña pequeña que se despierta sobresaltada por los gritos. Es un auténtico drama", lamenta el mismo residente, que también asegura haber sufrido actos vandálicos en su vehículo.
Vídeos aportados por los vecinos y entregados al Ayuntamiento que testimonian el ruido y la presencia de grupos de jóvenes a causa de las fiestas en las casas
Otra vecina, establecida en Les Sureres desde 2023, recuerda que la pesadilla en su caso comenzó coincidiendo con la festividad de Halloween de aquel año, cuando una de las casas acogió una de estas celebraciones que, desde entonces, ella y otros residentes constatan como habituales. "Esto no es una casa de vacaciones, es una sala de fiestas encubierta", afirma rotundamente, describiendo episodios de colapso vial en los que se han llegado a acumular cuarenta o cincuenta coches y fines de semana en los que los vecinos no podían ni salir de casa con sus vehículos porque estos coches taponan la entrada a sus hogares.
"Una fiesta de cumpleaños puntual no molestaría a nadie, pero esto se ha convertido en un negocio. Cada fin de semana es un grupo diferente", lamenta un tercer vecino. También explica que es habitual encontrar las bolsas de poda que deja delante de casa llenas de latas y botellas después de los fines de semana. Otro de los afectados asegura haber presenciado desde su casa una fiesta en la que había personas controlando el acceso y cobrando una entrada a los asistentes, un extremo que, según dice, pudo grabar en vídeo y que posteriormente aportó al expediente.
Urbanización Les Sureres. Foto: R.Gallofré
La gestión lo niega y anuncia un cambio hacia el ecoturismo
La persona responsable de la gestión de los alojamientos —que precisa que no es la propietaria— rechaza frontalmente el relato del vecindario. Consultada por Capgròs, asegura que opera las fincas desde el año 2020 y que no había tenido ningún conflicto de convivencia remarcable hasta hace poco, motivo por el cual considera que algunos episodios "se han exagerado" de manera injustificada.
En los comentarios dejados por usuarios en las plataformas donde se anuncian las casas, varios de ellos apuntan que alquilaron la casa para hacer celebraciones como cumpleaños. Según la versión de la gerencia, la inmensa mayoría de las reservas corresponden a familias o grupos tranquilos que llegan a través de plataformas de alquiler turístico, y sostiene que los comportamientos incívicos han sido casos completamente aislados. "Hay grupos que no dan ningún problema, aunque en algún caso sí que la han acabado liando, pero todo lo que ha pasado ha sido sin mi permiso", asegura.
Además, explica que, cuando ha detectado situaciones fuera de control, ha sido ella misma quien ha requerido la presencia de la policía. En una ocasión, al comprobar que había más personas de las autorizadas en la vivienda, afirma que incluso llegó a cortar parcialmente el suministro eléctrico para intentar poner fin a la fiesta mientras esperaba la llegada de los agentes.
El gestor también niega categóricamente que se hayan vendido entradas o que las casas funcionen como espacios donde se organizan fiestas de manera habitual. "Si alguien tiene pruebas de que se han cobrado entradas, que me las haga llegar", afirma, aclarando que el alquiler vacacional se hace exclusivamente a través de plataformas oficiales y que nunca ha promovido este tipo de eventos. Añade que, si algún huésped incumple las normas de uso de la vivienda, las eventuales responsabilidades recaen sobre la persona que ha formalizado la reserva.
Ante la polémica, la gestora asegura que ya está reorientando el modelo de negocio para alejarse de los grupos que buscan celebrar fiestas. Anuncia diversas medidas correctoras, como la prohibición de utilizar reproductores de música en el exterior, la reducción del aforo máximo de las fincas y un nuevo proyecto de ecoturismo en las dos casas vinculado al entorno natural, con huertos, gallinas y producto de proximidad, al amparo, asegura, de una nueva asociación cultural.
Como ejemplo de este cambio de criterio, el gestor de las casas asegura que ha cancelado una reserva prevista para el próximo fin de semana que sospechaba que correspondía a una fiesta universitaria y ha devuelto los 720 euros que los clientes ya habían abonado.
Un bucle de llamadas policiales y limitaciones legales
El vecindario difiere del testimonio de la gerencia, y asegura haber llamado a la Policía Local de Mataró de manera reiterada, cifrando las intervenciones en veinte o treinta veces durante el último año. "La policía viene, les pide que bajen la música, pero tan pronto como giran cola la vuelven a subir", se quejan los residentes de la zona. "Somos tres o cuatro vecinos que estamos en contacto y todos hemos ido abriendo incidencias, pero nadie nos da ninguna solución. Nos sentimos abandonados", lamenta uno de los afectados.
El expediente de la Defensoria de la Ciutadania confirma esta frecuencia: entre los meses de marzo y noviembre de 2025, la Policía Local intervino al menos nueve veces por molestias por ruidos en estos dos inmuebles. En aquellas ocasiones, tal y como recoge el informe, los agentes indicaron a los vecinos que, al tratarse de una propiedad privada, su función principal era levantar acta administrativa para que los afectados pudieran emprender acciones legales.
Núria Calpe, Defensora de la Ciutadania, ha atendido a los vecinos y reclama una respuesta más efectiva del Ajuntament
La Defensoria cuestiona la tibieza del Ajuntament
Es precisamente en la naturaleza de la intervención donde la Defensoria de la Ciutadania discrepa de la actuación de la administración. El organismo resuelve que este caso no debe tratarse como un simple conflicto de convivencia entre particulares, sino como una actividad económica sujeta a una regulación específica.
En este sentido, la resolución —que no es vinculante— recuerda que las viviendas de uso turístico "Villa Rosa" y "Villa Maresme" operan al amparo de una licencia de actividad y que, por lo tanto, sus titulares están obligados a garantizar que su funcionamiento no provoque molestias al vecindario. La Defensoria cita expresamente el artículo 5 de la Ordenança Municipal d'Activitats, que establece que cualquier actividad debe desarrollarse sin generar perjuicios al entorno ni alterar la convivencia.
A partir de este criterio, sostiene que el Ajuntament dispone de competencias suficientes para actuar sobre la actividad misma, más allá de las intervenciones puntuales de la Policía Local. Considera que las actas levantadas por los agentes ante las reiteradas quejas deberían permitir iniciar expedientes de inspección y, si se acreditan incumplimientos de la normativa, adoptar medidas correctoras, imponer sanciones administrativas o, en los casos más graves, impulsar la revocación de la licencia turística.
Por todo ello, la Defensoría concluye que la respuesta municipal "no ha sido suficiente ni eficaz" para proteger el derecho al descanso de los residentes y recomienda al consistorio actuar de oficio, reforzar el control sobre estos establecimientos y facilitar de manera ágil las actas policiales a los afectados para que también puedan defender sus derechos por la vía judicial si lo consideran oportuno. El expediente se resolvió y entregó al consistorio el pasado mes de marzo, pero por ahora no ha supuesto ningún cambio en la situación.
Urbanización Les Sureres. Foto: R.Gallofré
El consistorio estudia el caso mientras los vecinos pierden la paciencia
Consultado sobre el caso, el Ayuntamiento de Mataró admite la complejidad de un escenario donde confluyen competencias propias con las de la Generalitat de Catalunya en materia de turismo y vivienda. El consistorio señala que el principal reto es determinar si las incidencias responden únicamente a problemas de ruidos y convivencia entre vecinos o si, por el contrario, pueden estar vinculadas a la manera como se está desarrollando la actividad económica de las viviendas de uso turístico.
Actualmente, el consistorio mantiene abierto el seguimiento del caso a tres bandas. Por un lado, la Policía Local analiza la naturaleza y la recurrencia de los avisos que recibe para determinar el origen de las molestias. Por otro, el Servicio de Asesoramiento Jurídico recopila la información necesaria para establecer qué actuaciones se pueden impulsar dentro del ámbito competencial municipal. Finalmente, si se detectan indicios de un posible incumplimiento de las condiciones de explotación de las viviendas de uso turístico, el Ayuntamiento trasladará el expediente a la Generalitat para que valore la apertura de las actuaciones disciplinarias y sancionadoras que correspondan.
Para los vecinos, sin embargo, esta respuesta llega tarde y no ha evitado que la situación se haya intensificado de nuevo con la llegada del buen tiempo. Por este motivo, este mismo mes de julio han presentado una nueva instancia formal al Ayuntamiento en la que solicitan una inspección urgente del inmueble y reclaman que, si se demuestra que el uso real es incompatible con la licencia otorgada, se inicie inmediatamente el proceso de revocación de la licencia turística.
Mientras este procedimiento administrativo continúa su curso, el vecindario afronta otro verano de guardia permanente. "Si hubiéramos sabido que nos encontraríamos con esto, probablemente nos habríamos replanteado comprar la casa. Vinimos buscando la tranquilidad del bosque y nos hemos encontrado todo lo contrario", concluye uno de los afectados.