Capgròs
Una veintena de entidades, asociaciones de vecinos y sindicatos de Mataró han exigido que se detengan todos los desahucios previstos en Mataró y han criticado la respuesta policial que consideran que da el Ayuntamiento a la crisis social del acceso a la vivienda. Lo han hecho en un comunicado de denuncia a raíz de los hechos ocurridos durante el desahucio de una familia con cuatro menores de edad en el barrio de Cerdanyola, a principios del mes de junio y los posteriores disturbios en la zona, que se saldaron con varios detenidos.
Entre los firmantes destacan organizaciones como asociaciones de vecinos de Cerdanyola y del Pla d'en Boet, la asociación Mataró Acull, el Sindicat d'Habitatge, el sindicato CGT, así como el sector educativo representado por las AFAs de la Escola Rocafonda y de la Escola Germanes Bertomeu, entre otras. Las entidades piden un giro de 180 grados en las políticas del gobierno local y exigen la parada inmediata de todos los desahucios previstos en la ciudad, además de una "alternativa estable, digna y adecuada" para la familia afectada.
El comunicado da respuesta a los hechos vividos el pasado 2 de junio. El desahucio ejecutado por la mañana de una familia con cuatro hijos en la avenida Gatassa acabó con la detención de tres menores, después de que los congregados en protesta por el desalojo lanzaran piedras y otros objetos contra los Mossos. La tensión acumulada derivó en una noche de disturbios que se saldó con cinco detenidos más (cuatro de ellos menores de edad) por delitos de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad.
Priorizar la vigilancia en lugar de las soluciones residenciales
El texto firmado por la veintena de entidades carga con dureza contra la gestión del Ayuntamiento de Mataró y del PSC. El tejido vecinal lamenta que desde las instituciones se priorice "el control, la vigilancia y el aumento de los dispositivos policiales" en lugar de aportar soluciones residenciales. Según recoge el manifiesto, el gobierno local "habla más de cámaras que de desahucios, más de seguridad que de derechos y más de control que de condiciones de vida", una estrategia que, aseguran, "acaba asumiendo los mismos marcos que promueve la extrema derecha".
Asamblea del Sindicat d'Habitatge a raíz del desahucio en Cerdanyola a principios de junio. Foto: Lluís Rugama
Las entidades recuerdan que el desalojo de Cerdanyola no es un hecho aislado: en Mataró se produce, de media, un desahucio cada día. Una realidad estructural que golpea especialmente los barrios periféricos, atrapados entre el encarecimiento de la vivienda y la precariedad laboral.
Recortes en sanidad y educación frente al gasto policial
El comunicado contrapone los recursos destinados a la presión policial con la degradación de los servicios públicos que sufre la clase trabajadora de la ciudad. Las entidades denuncian que se están retirando servicios de pediatría de los CAPs, que hay equipamientos sanitarios completamente saturados —como el de Cirera-Molins— y que se cierran líneas escolares en la escuela pública, mientras se siguen gastando dineros públicos en reforzar la presencia y operativos policiales "cada vez más agresivos".
Ante la situación de emergencia habitacional, el tejido asociativo se niega a aceptar que se "criminalice" o se "divida" al vecindario: "¡No aceptaremos que se desvíe la atención de los problemas que afectan a la mayoría social!", advierten.
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