Capgròs
Vivir en casa de los padres ya no es una realidad exclusiva de los jóvenes. En España, cada vez son más las personas mayores de 30 años que continúan en el domicilio familiar, una situación que a menudo no responde a una decisión personal, sino a las dificultades para acceder a una vivienda digna o mantener unos ingresos estables. El encarecimiento del alquiler, la precariedad laboral y la pérdida de poder adquisitivo han convertido este fenómeno en un problema estructural que afecta a miles de hogares.
Hasta ahora, muchas de estas personas quedaban automáticamente excluidas de determinadas ayudas públicas por el simple hecho de compartir techo con sus padres. Sin embargo, este escenario está a punto de cambiar. El Gobierno ha anunciado una reforma del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que entrará en vigor en 2026 y que puede suponer un alivio importante para este colectivo.
La principal novedad es que las personas mayores de 30 años que viven con su familia podrán solicitar el IMV de manera individual, aunque residan en el mismo domicilio que sus progenitores. Hasta ahora, esta convivencia se consideraba, en la mayoría de los casos, parte de una misma unidad económica, lo que impedía el acceso a la prestación. Con el nuevo criterio, se busca adaptar el sistema a la realidad social actual.
La clave del cambio es el enfoque en la situación económica real del solicitante. A partir de 2026, lo que contará será acreditar que no se forma parte de la unidad económica familiar y que no se dispone de ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas. El objetivo es eliminar uno de los principales filtros que dejaba fuera del sistema a muchos adultos en situación de vulnerabilidad, pese a no tener autonomía financiera.
Una prestación condicionada a los requisitos habituales
Ahora bien, esta reforma no implica que la ayuda se conceda de manera automática. El IMV seguirá siendo una prestación condicionada al cumplimiento de los requisitos habituales, como los límites de renta y patrimonio. Cada solicitud será analizada de forma individual, y la concesión dependerá del desarrollo definitivo de la normativa y de la situación personal de cada persona.
En cuanto al importe, la cuantía máxima para un beneficiario individual se situaría en torno a los 733 euros mensuales, según la revalorización prevista para 2026. Esta cifra corresponde al umbral garantizado para una persona sola sin recursos, y puede variar en función de los ingresos previos o de la compatibilidad con otras ayudas.
Con esta medida, el Gobierno pretende dar respuesta a una realidad cada vez más extendida y ofrecer una red de protección a aquellos adultos que, pese a vivir con sus padres, se encuentran en una situación económica frágil.
Fuente: www.emporda.info/economia
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