Capgròs
La nueva Ley de Propiedad Horizontal (LPH), aprobada en España en enero de 2025 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 24 de julio del mismo año, ha introducido importantes novedades para las comunidades de propietarios. Entre ellas destacan medidas para fomentar la digitalización en la gestión comunitaria, regular pisos turísticos, establecer ayudas para la rehabilitación de edificios y eliminar barreras arquitectónicas para personas mayores de 70 años o con discapacidad. Pero uno de los aspectos que más preocupa a los vecinos es la morosidad y las alternativas legales para combatirla, reguladas principalmente en el artículo 21 de la LPH.
El artículo 21 establece las normas para reclamar los pagos pendientes de los gastos comunes, así como las medidas preventivas y los mecanismos de reclamación judicial, mediación y arbitraje. La ley deja claro que todo propietario está obligado a contribuir a los costes comunitarios de su edificio, y permite reclamar deudas inferiores a 2.000 euros mediante procedimientos simplificados. Además, si un vecino no paga, se le puede suspender el derecho a voto en las juntas y, en casos extremos, llegar hasta el embargo de bienes.
El procedimiento
El procedimiento para actuar ante un propietario moroso comienza en la junta de propietarios, donde se deciden las medidas a adoptar. Primero, se debe reclamar la deuda de manera formal, normalmente mediante notificación notarial o burofax, para dejar constancia legal de la situación. Si el moroso persiste en el impago, se pueden ejecutar embargos de bienes financieros o inmuebles, así como acumular intereses de demora. La ley también permite hacer pública, dentro de la comunidad, la identidad del deudor y los términos de su deuda, siempre respetando la normativa de protección de datos.
Además de la persecución de la morosidad, la LPH introduce medidas preventivas. La digitalización de los cobros y de la gestión comunitaria facilita el control de los pagos y la transparencia. Los acuerdos sobre pisos turísticos, por ejemplo, requieren la aprobación de tres quintas partes de los vecinos, asegurando que decisiones importantes cuenten con un consenso mayoritario. También se regula la instalación de paneles solares en zonas comunes y se establecen ayudas para rehabilitaciones que mejoren la eficiencia energética o eliminen barreras arquitectónicas.
Una herramienta clave para garantizar la convivencia
Este conjunto de medidas sitúa la Ley de Propiedad Horizontal como una herramienta clave para garantizar la convivencia y la correcta gestión de las comunidades. Por un lado, protege a los vecinos responsables frente a los impagos; por otro, promueve una administración más transparente y moderna, adaptada a las necesidades actuales de los edificios y sus habitantes.
El artículo 21 y el resto de la normativa ofrecen un marco legal claro que permite actuar con seguridad ante los morosos, proteger los derechos de la comunidad y asegurar que todos los propietarios contribuyan al mantenimiento del edificio. Su correcta aplicación es esencial para evitar conflictos y garantizar una convivencia justa y equilibrada entre vecinos.
Fuente: www.heraldo.es/noticias
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