Capgròs
Mala noticia para Cabrera de Mar y para todo el Maresme: la zona de picnic y restaurante de la Font Picant tiene que cerrar. La situación es irrevocable y supone que un negocio que ha revitalizado un espacio lleno de historia como es este, a los pies de Burriac, tenga fecha anunciada de cierre: el próximo 1 de junio. El motivo es legal: la licencia provisional para llevar a cabo la actividad de restauración y ocio caducó hace cuatro años y el propietario de este espacio privado no ha realizado las adecuaciones a las que se había comprometido. Como resultado, la Font Picant cierra. Un hecho que lamenta, obviamente, la empresa que ha dinamizado este espacio y también el propio Ayuntamiento de la localidad del Maresme.
La zona de picnic de la Font Picant llega a su fin por culpa del incumplimiento del propietario que ha hecho decaer la licencia de la actividad de restauración que se realizaba. Un espacio que ha revitalizado la zona, que acogía a cientos y cientos de personas cada fin de semana, ve cómo se le cierra la puerta. De hecho, son el propio Ayuntamiento y la empresa arrendataria -Font Picant SL- los obligados a finalizar la actividad para no incumplir la ley, pero lo hacen a su pesar. La propiedad sabía desde el año 2016 que debía trasladar la actividad que se prestaba en la caseta al edificio histórico de la Font Picant, rehabilitándolo, pero no ha asumido este compromiso en estos 9 años, 5 de licencia provisional y 4 con esta ya caducada. Esta es la raíz del problema que hace cerrar la Font Picant.
“Tristeza e indignación” de quienes han gestionado el espacio
El cierre lo han anunciado los responsables del negocio Font Picant Cabrera S.L, Isaac Serrat y David R. Cano, en un comunicado difundido en redes sociales, donde expresan su "gran tristeza e indignación" por tener que poner fin a un proyecto que, aseguran, han sacado adelante "con ilusión y mucho esfuerzo" durante más de una década. Según explican, la decisión no responde a motivos económicos ni de mala gestión, sino a "un grave incumplimiento de contrato por parte del propietario y la complicidad silenciosa del Ayuntamiento, que durante todos estos años ha hecho la vista gorda, sin asumir ninguna responsabilidad ni tomar ninguna medida efectiva". Afirman haber sido víctimas de una "situación injusta" que los ha dejado desamparados como arrendatarios.
Los gestores recuerdan que, cuando comenzaron, el espacio estaba completamente degradado, con “suciedad, actos vandálicos, okupaciones y fiestas descontroladas”, y que lo transformaron en un “negocio activo, legal y beneficioso para el barrio”. Ahora, alertan que su marcha puede suponer una vuelta a aquel escenario: "Todo indica que este espacio volverá a ser lo que era: un foco de conflictos y abandono".
Serrat y Cano denuncian la "falta de entendimiento y compromiso entre el arrendador y el Ayuntamiento", a quienes acusan de haberse limitado a "seguir cobrando y evitar problemas", sin garantizar ninguna "seguridad jurídica ni condiciones mínimas" para el funcionamiento del negocio. Lamentan, también, que dos familias que han trabajado "de forma honesta y constante" tengan que poner punto final a un proyecto "vivo, útil y valorado".
El Ayuntamiento lamenta un cierre inevitable
Tras el anuncio del cierre de la Font Picant de Cabrera por parte de sus gestores, el Ayuntamiento ha salido al paso para exponer su versión de los hechos. En declaraciones a Capgròs, el alcalde de Cabrera de Mar, Òscar Fernández, ha querido expresar su agradecimiento a los arrendatarios por su compromiso con el espacio, pero ha remarcado que el problema no es la gestión del negocio, sino la situación legal del terreno y la falta de cumplimiento por parte del propietario. “El terreno es privado”, recuerda Fernández, y explica que antes del inicio de la actividad actual, “hasta 2016 había habido okupas”. Ese año, el Ayuntamiento concedió una licencia provisional y condicionada a la realización de diversas “actuaciones de restauración”, especialmente centradas en la rehabilitación del edificio histórico de la fuente.
La licencia tenía una vigencia de cuatro años y caducó entre 2020 y 2021, según detalla el propio alcalde. Durante este tiempo, los arrendatarios pudieron empezar a operar, pero “desde 2020 hasta 2025 han estado sin licencia”. Esta situación se complicó con la denuncia de un vecino y posteriores requerimientos administrativos. Ahora, el contrato de alquiler llega a su fin, y el propietario había manifestado su voluntad de renovarlo, pero “no tienen licencia”, apunta Fernández.
Ante esta realidad, el Ayuntamiento se encuentra incapaz de volver a conceder una autorización provisional o definitiva: “No se puede dar otra licencia provisional”, afirma, y remarca que hacerlo “no se ajustaría a derecho, ningún arquitecto, interventor ni secretario lo autorizaría”.
Fernández deja claro que los gestores de la Font Picant no son los responsables de la situación: “La culpa no la tiene el arrendatario, la tiene el propietario. Es quien tenía el compromiso. Quien no lo cumple”. El consistorio asegura que se habían establecido unas condiciones claras que el titular de la finca debía cumplir para regularizar la actividad, pero que no se llevaron a cabo. A pesar de este desenlace, el Ayuntamiento reconoce la labor hecha por el equipo de gestores al frente de la Font Picant: “Estamos encantados con la familia. Han cuidado el entorno, han colaborado, han dinamizado. Es un bien para el pueblo tener una actividad así, se les quiere mucho”, expresa el alcalde.
Fernández admite que el cierre supone una pérdida: “Nosotros creemos que dejar de tener un espacio como este es un perjuicio”. Y concluye: “Nos preocupa mucho que se dé marcha atrás, pero no podemos hacer más”.
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