"He pagado 11.000€ y tengo los implantes a medias": cierre repentino de una clínica dental en Mataró

El cierre repentino de una clínica dental en Mataró de la cadena Oral Studio ha dejado a varios pacientes con tratamientos a medio hacer a pesar de haberlos pagado íntegramente o en gran parte por adelantado. Algunos de los afectados ya han iniciado acciones legales, han presentado denuncia a los Mossos d'Esquadra y se han organizado en grupos para compartir información. El caso presenta similitudes con el de Dentix, una cadena de clínicas dentales que a principios de esta década también dejó a decenas de personas en la estacada en Mataró y en otras ciudades del país. 

Una paciente de 45 años, que prefiere mantenerse en el anonimato, explica que descubrió la situación “de rebote”, después de que un familiar que sabía que se encontraba en medio de un tratamiento dental le comentara el cierre de un centro de la misma cadena en Zaragoza. “Fui a la clínica y pregunté si me tenía que preocupar. Me soltaron un sospechoso ‘bueno...’”, relata.

Pronto se enteró, según explica, que hacía meses que los mismos trabajadores no no recibían el sueldo. A pesar de todo, días después todavía la visitaron con normalidad: “El cirujano me dijo que no me preocupara, que mi proceso se acabaría”. Pero poco después, en concreto a finales de la semana pasada, el centro cerró sin avisar a los pacientes.

Su caso es uno de los más graves: “He pagado 11.400 euros y tengo el tratamiento a medias”. Se encuentra a la mitad de un proceso complejo de implantología y estética dental, con varias intervenciones ya realizadas. “Me falta más del 50% del tratamiento. Ahora me tengo que buscar la vida en otra clínica y, claro, no me fío de nadie”, lamenta.

Además del impacto económico, denuncia consecuencias físicas y emocionales: “No puedo comer bien, he perdido dos kilos. Llevas a la boca una cosa que no es tuya. Llego a casa y me la quiero quitar. También afecta la autoestima”. Explica que actualmente lleva una prótesis provisional y que su situación le dificulta el día a día: “Comer me cuesta”. La paciente tiene previsto presentar denuncia a los Mossos d'Esquadra y acudir a organizaciones de consumidores. Aun así, se muestra pesimista: “Lo doy por perdido. Si entran en concurso de acreedores, iremos a la cola de afectados”.

"No somos gente rica"

Otro paciente afectado, Josep Antoni, explica que el cierre le cogió en la fase final del tratamiento: “Hacía quince días que me habían tomado moldes para hacer las piezas definitivas. Cuando volví, había gente en la puerta diciendo que habían cerrado”. En su caso, también había pagado todo el tratamiento, en dos partes: “Me han estafado más de 2.000 euros. Tengo cinco implantes y una prótesis provisional, pero ahora me lo tendré que hacer acabar en otro sitio”.

Denuncia la falta de información de la cadena dental y la imposibilidad de contactar con otros centros: “He llamado a clínicas de Madrid y Barcelona y nadie responde. O te dicen que ya no existe”. También pone el acento en el impacto social del caso: “Esto afecta a gente trabajadora, es una clínica del barrio de Cerdanyola, aquí no somos ricos. He visto a una mujer a la que le habían cobrado 8.000 euros y ni siquiera tenía los dientes de abajo”. Según explica, hay más afectados que se están organizando, sobre todo a través de grupos de WhatsApp.

Investigación abierta por los Mossos y casos similares en todo el Estado

El caso del cierre de la clínica dental en Mataró no es aislado. Según ha informado la agencia EFE, los Mossos d’Esquadra investigan una clínica dental de la misma cadena en l’Hospitalet de Llobregat acusada de estafar a cientos de pacientes después de cerrar repentinamente sin terminar tratamientos ya pagados.

Algunos afectados habrían pagado más de 10.000 euros por tratamientos de implantología dental que han quedado incompletos. Las denuncias ya han sido trasladadas al juzgado y la policía prevé que el número de casos continúe aumentando. En este caso, según la versión facilitada a los clientes, el cierre se habría producido por problemas de suministro, a pesar de que los afectados denuncian retrasos, derivaciones y falta de soluciones reales.

En Zaragoza, la Guardia Civil clausuró el pasado 6 de marzo una clínica de la misma cadena por presuntos incumplimientos administrativos y de salud pública, dejando unos 700 clientes afectados. Según diversas fuentes, la cadena habría acumulado deudas con laboratorios y problemas de gestión, con miles de perjudicados en todo el Estado.

El director ejecutivo de la empresa, Juan José Ampuero, aseguró a TV3 que se trata de un “incidente puntual” y que están trabajando para dar respuesta a los pacientes, a pesar de que muchos denuncian que sus citas no se están reprogramando.

Denuncias en la OMIC y a Mossos

Por el momento, el Ayuntamiento de Mataró ha confirmado que la Oficina de Información al Consumidor (OMIC) situada en la avenida Puig i Cadafalch solo ha recibido una queja formal relacionada con este caso. Se prevé, sin embargo, que a lo largo de esta semana la cifra vaya en aumento, a tenor del número de pacientes afectados que aún no han iniciado trámites o que se están organizando para hacer reclamaciones conjuntas.

Varios pacientes afectados ya se han dirigido a Mossos d'Esquadra o prevén hacerlo en las próximas horas para presentar denuncia. Si bien la penal es una de las vías posibles en este caso, la Policía de la Generalitat también recomienda a los afectados que también se dirijan a organismos como la OMIC o la Agencia Catalana de Consumo.

Recomendaciones de Consumo ante el cierre de clínicas dentales

Ante esta situación, la Agencia Catalana del Consumo publicó el 17 de marzo un aviso con recomendaciones para las personas afectadas por el cierre de Oral Studio en Cataluña. Entre los principales consejos, destaca la importancia de recopilar toda la documentación del tratamiento dental (contratos, presupuestos, facturas, comprobantes de pago e historial clínico) y presentar una reclamación formal a la empresa.

En función de la forma de pago, se recomienda contactar con la entidad financiera para intentar anular cargos o detener la financiación, o bien recurrir a la vía judicial si no hay respuesta. También se recuerda el derecho de los pacientes a acceder a su historial clínico, un documento clave para poder continuar el tratamiento en otro centro y para reclamar.

Finalmente, el organismo advierte que, en caso de que la empresa entre en concurso de acreedores, los afectados deberán dirigirse a la administración concursal para intentar recuperar el dinero de los servicios no prestados.

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