Chabolismo en Mataró

Durante los años 50 y 60, Mataró, como otras ciudades de Cataluña, acogió a muchas personas migrantes. La industria textil, metalúrgica y la construcción necesitaban mano de obra; vivíamos en pleno franquismo, en un contexto de expansión económica conocido como el “desarrollismo”.

Muchos de estos trabajadores llegaban sin recursos y se encontraban con una grave falta de vivienda asequible. Las políticas franquistas priorizaban el crecimiento económico por encima del bienestar y de la planificación urbana. Esto provocó que miles de familias se instalaran en barracas en las afueras de la ciudad.

Se creó así un vacío legal y moral: muchas familias necesitaban un lugar donde vivir y, ante la falta de oferta, aparecieron intermediarios ilegales y sin escrúpulos que vendían o alquilaban parcelas en terrenos municipales o privados, sin ningún derecho legal. Cobraban dinero por permitir construir barracas o por “guardar” el sitio. A veces cobraban por servicios inexistentes (agua, seguridad, conexiones eléctricas…). Y si alguien se quejaba, amenazaban con expulsar a las familias. Era una pequeña mafia local, una microcorrupción tolerada a menudo por las autoridades franquistas, que preferían “no ver” el problema.

Al mismo tiempo, propietarios de terrenos cobraban alquileres ilegales sabiendo que era suelo no urbanizable. Constructores y empresarios, cuando los barrios de barracas eran desmantelados, hacían negocio con los realojamientos y los nuevos polígonos de vivienda, a menudo de baja calidad y construidos con prisas. En algunos casos, eran funcionarios locales o agentes del régimen.

El régimen fascista franquista prefirió ocultar el problema y eso permitió que estos abusos prosperaran sin ningún mecanismo de control ni denuncia pública.

Aunque la dictadura fascista no permitía la organización libre ni la protesta, diversas personas y colectivos lucharon contra el chabolismo y por unas condiciones de vida más dignas. Muchos de los habitantes de las barracas, pese a la precariedad, empezaron a organizarse en comisiones o asociaciones vecinales clandestinas. Grupos opositores al régimen, especialmente del PSUC y agrupaciones socialistas, así como algunas parroquias y movimientos como la JOC (Juventud Obrera Cristiana) o la ACO (Acción Católica Obrera), empezaron a reivindicar la vivienda como un derecho humano y no como un bien especulativo.

Hacia los años setenta, el régimen intentó dar una imagen de “modernización” con Planes de Realojamiento para eliminar algunas de las barracas.

Cuando se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas en 1979, muchas ciudades catalanas (Barcelona, Mataró, Sabadell, Badalona...) aún tenían zonas con barracas o viviendas muy precarias. Los ayuntamientos surgidos de aquellas elecciones —formados mayoritariamente por fuerzas de izquierdas y centroizquierda (PSUC, PSC, ERC, independientes progresistas, etc.)— hicieron del problema de la vivienda y de la dignificación urbana una prioridad política y moral.

Era una cuestión de humanidad, de justicia y también de dignidad democrática.

Mataró. Primer cuarto del siglo XXI, casi noventa años después, la ciudad vuelve a vivir una situación con muchas similitudes. Personas llegadas de lugares sin futuro, a menudo en condiciones de pobreza y precariedad, llegan a nuestra ciudad buscando trabajo: construcción, restauración, hostelería, servicio de cuidados… Trabajos que se ofrecen y nadie quiere hacer. ¡Y las barracas han vuelto!

Hoy son almacenes en planta baja, locales, habitaciones de alquiler, garajes, sin agua, ni luz, ni ventilación. Pisos vacíos que grandes tenedores prefieren no alquilar para especular. Campings ilegales, tiendas de
campaña bajo la autopista, coches, furgonetas sin ruedas... son a menudo las únicas viviendas posibles donde malviven familias enteras sin condiciones.

Y como siempre en estas situaciones, aparecen mafias que se aprovechan, engañan, roban, estafan…, bajo el mutismo, al menos aparente, de las autoridades judiciales y/o políticas.

Y la única solución que la administración encuentra son unos desalojos que no conducen a nada, más que a nuevas ocupaciones… ¿Recordáis la actuación de la policía en la película “El 47”?

Ni siquiera vemos una preocupación real por dotar a la ciudad de un espacio digno donde puedan acogerse provisionalmente personas y familias en situación de emergencia habitacional.

Mientras tanto, las parroquias de la ciudad, añorando Trento y olvidando al papa Francisco, parecen regresar a tiempos preconciliares, y los responsables políticos, seducidos por el poder, parecen no ver más allá de ganar las próximas elecciones.

¿Y ahora quién acompaña a esta gente? ¿Quién les ayuda a emanciparse?

Los Servicios Sociales, Cáritas y Cruz Roja están desbordados; pueden curar algunas heridas, pero no arreglar una situación cada vez más grave sin recursos para resolver el problema de fondo.

Mientras tanto, hay quien se aprovecha de esta situación cazando votos de la desgracia o dejándose llevar por la corriente, sabiendo que hay ciudadanos que miran hacia otro lado y que es muy fácil azuzar el miedo, el prejuicio y el estigma hacia la pobreza y quienes viven en estas condiciones.

¿Qué ha pasado durante estos últimos 20 o 30 años? ¿Hacia dónde hemos mirado? ¿Qué se ha priorizado? ¿Qué hemos hecho mal?

En cualquier caso, no perdamos la esperanza: siguen existiendo redes de solidaridad (entidades, ONG, plataformas por el derecho a la vivienda, asociaciones…) que nos recuerdan la fuerza del movimiento vecinal de aquella época. También eran pocos y perseguidos y, en condiciones muy difíciles, muchas familias recién llegadas en los años 70 y 80 se implicaron y echaron raíces en la ciudad, formando parte activa de la vida social y vecinal. Con el tiempo, los barrios populares de Mataró —como Cerdanyola o Rocafonda— crecieron sobre aquellas primeras ocupaciones y se fueron urbanizando progresivamente.

Por suerte, cada vez hay más conciencia de que el primer paso hacia una ciudadanía plena debe ser el derecho a estar empadronado y a disponer de una vivienda digna, asequible y estable. Es la condición previa necesaria para que las personas puedan construir proyectos de vida.

MATARÓ ACULL