Demasiadas barreras para aplicar la progresividad fiscal

Como hacer pagar a quien más tiene, y viceversa? La gran pregunta que se plantean los defensores de la progresividad fiscal. Es decir, regular los impuestos, tasas y precios públicos de forma que no sean uniformes para todo el mundo, sino que se adapten a la renta y a los recursos de cada contribuyente Las administraciones públicas se topan con muchas barreras, tanto de tipo legal como eminentemente prácticas. Algo que se pone en evidencia sobre todo en los Ayuntamientos. El Pleno municipal de Mataró tiene que aprobar definitivamente las Ordenanzas Fiscales de 2017 el cercano 22 de diciembre. El consistorio creó en 2012 la Comisión de tarifación social para conseguir que impuestos, tasas y precios públicos de la ciudad tengan en cuenta los criterios de renta y la situación personal y familiar de los usuarios. Desde que se puso realmente en activo, en 2015, se ha reunido un total de cinco veces. Pero los adelantos no han sido especialmente notorios. Por qué motivo?

La comisión para la tarifación social se ha reunido cinco veces, pero los adelantos no han sido especialmente notorios

La renta, fuera de alcance. El más sencillo sería establecer cuánto tiene que pagar cada persona o unidad familiar en base a su renta. Pero un ayuntamiento no puede conocer este dato. "Hacienda no permite a las administraciones locales acceder a la información tributaria de los ciudadanos", resuelve el regidor de Servicios Centrales, Juan Carlos Jérez. Esta información sólo se puede obtener cuando se pide directamente al contribuyente. Además, la renta a menudo no es el único baremo para establecer cuántos ingresos y recursos tiene una persona o familia: hay otras variables como por ejemplo el patrimonio y los rendimientos de capital. "Hay tantas variables que es demasiado complicado y pesado conseguir toda la información, el proceso sería tan costoso que habría que encarecer la propia tasa para poder hacer frente", explican desde Servicios Centrales.

La basura, el caso más "progresivo". Los mayores adelantos en materia de tarifación social se han conseguido en la tasa de basura. De cara al 2017, los que vivan en un piso más barato, según el valor catastral, pagarán un 25% menos que hasta ahora, y los que lo hagan en uno de mes caro, un 25% más. Pero este valor es el criterio más justo? "Si lo hiciéramos sobre la renta en base a qué tendría que ser; la del propietario o la del alquiler?" se preguntan desde el consistorio. Otra opción sería hacer pagar más a aquellos que generan más cantidad de basura, cosa que podría establecerse según el número de residentes al inmueble. Pero esto, por ejemplo, sería contradictorio con la bonificación de la tasa que tienen las familias numerosas.

IBI. El principal impuesto que gestiona un Ayuntamiento es a la vez uno de los más inflexibles y que da menos juego en materia de progresividad. "Necesitamos una normativa que sea más flexible, es un impuesto que ha quedado obsoleto", afirma Jerez. Las exenciones y bonificaciones obligatorias vienen muy tasadas por la normativa que rige el impuesto, y sólo prevé las de familia numerosa. Para el resto de colectivos, como por ejemplo familias monoparentales o personas o unidades familiares con ingresos bajos, se tienen que aplicar a través de subvenciones, para acceder tiene que presentar la renta.

El caso de los precios públicos. Las tarifas que pagan los ciudadanos para servicios municipales como las escuelas cuna, de música o de adultos, o bien por el uso de equipamientos deportivos y culturales, son los que se prestan más a la aplicación de la progresividad fiscal. Cómo que no son impuestos universales, sería más fácil definir la tarifa a pagar según la renta de cada caso particular. Pero en este ámbito surgen dos problemas. Las arcas municipales (que se llenan con el dinero de todos) aportan hoy más del 50% del coste de servicios como la escuela cuna. Si se aplica la tarifación social hay que compensar la reducción aplicada a un segmento determinado de contribuyentes por dos o vías; o ampliando la contribución que hace el Ayuntamiento, que hoy ya es muy elevada; o encareciendo el precio al resto de usuarios. "Las clases medianas, empobrecidas a raíz de la crisis, están capacitadas porque se repercuta sobre ellas un aumento de impuestos porque los ciudadanos todavía más pobres se puedan beneficiar de una reducción?", se pregunta el regidor de Servicios Centrales.

Consenso social. "No podemos incrementar los precios a unas familias para bajarlos a otros si no hay un gran consenso social", resuelve Jerez. Y en este sentido, considera, todavía hay bastante camino para recorrer. En una sociedad demasiado acostumbrada a la picaresca, a la economía sumergida, a los trapicheos con los impuestos y a las propiedades no declaradas, se hace más difícil haya ciudadanos que acepten pagar más que otros por los mismos servicios bajo criterios pretesament objetivos que sospecharían que en realidad no lo son tanto.