Mataró alarga el alojamiento de emergencia a 48 de los vecinos desalojados del camping ilegal

El Ayuntamiento de Mataró ha decidido prolongar la estancia en un alojamiento de emergencia a 48 de los vecinos del camping ilegal desalojado el lunes, de acuerdo con los criterios de vulnerabilidad establecidos por Servicios Sociales. Aunque inicialmente se ofreció esta ayuda por un máximo de tres días, ahora se ha flexibilizado tras el análisis de cada caso por parte de los técnicos municipales.

En total, tuvieron que ser desalojadas 163 personas, de las cuales 127 se han dirigido a Servicios Sociales y, de estas, un total de 75 han sido realojadas en algún momento. A partir de este viernes, además, la totalidad de los vecinos podrá volver a entrar al asentamiento, por turnos, para comenzar la retirada de sus pertenencias.

Esta retirada incluye también las caravanas y habitáculos. Aquellos que se puedan arrastrar con un vehículo se podrán retirar de manera inmediata, mientras que la retirada de instalaciones más voluminosas, como las casas prefabricadas, deberá planificarse durante las próximas semanas.

Esto será ahora posible, después de que los técnicos hayan dado por finalizadas las tareas de inspección de las parcelas y se ha asegurado el espacio con la retirada de todos los depósitos de combustible y las conexiones eléctricas fraudulentas. Entre otros, se han encontrado 140 bombonas de butano y camping gas. En cuanto a la red eléctrica, Endesa ha informado que se han detectado ocho grandes conexiones ilegales con un fraude anual de electricidad equivalente al consumo de 320 hogares.

Los vecinos desalojados del camping ilegal de Mataró reclaman una solución habitacional inmediata, cuando los tres días de alojamiento de emergencia que se les ofrecieron están a punto de agotarse. Muchos de ellos han pasado las noches en coches o en casa de familiares. Algunos afectados critican el relato que ha hecho la administración en los últimos días y la sensación de revictimización que esto conlleva. Además de sentirse engañados por los gestores de las parcelas, ahora también se ven estigmatizados como “delincuentes” u “okupas”. “Somos las víctimas, nos han estafado”, aseguran.