Capgròs
Nuevo capítulo en el serial del edificio de la Ringlera. Parecía que el caso del sobrecost de la obra de este inmueble de oficinas mataroní, de 8,2 millones de euros, se había cerrado después de que Fiscalía lo archivara en no ver indicios de delito. Pero un informe encargado por el Ayuntamiento a petición de la Oficina Antifrau, que es quien elevó el caso a fiscalía, ha puesto sobre la mesa una nueva presunta irregularidad que tiene como protagonistas Pumsa y la firma GPO, contratada por la empresa municipal para el control y gestión de las obras del inmueble ejecutadas por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
GPO era la empresa encargada de la dirección del proyecto, mientras que la construcción quedó en manso de FCC
El informe pone de manifiesto el pago no justificado de 268.000 euros a FCC por parte de Pumsa por la retirada de unas tierras supuestamente contaminadas del subsol, sin ningún documento que acredite que lo estuvieran. El consistorio iniciará acciones civiles para reclamar estos costes a la empresa GPO, que como directora del proyecto validó, sin justificarlo, el aumento presupuestario reclamado por FCC. Pero el consistorio también tendrá que aclarar quién fue el responsable a Pumsa que ejecutó el pago en estas condiciones.
Las obras de construcción del edificio de la Ringlera, inaugurado en 2011 a tocar del TecnoCampus y que acabaron costando 26,3 MEUR (un 42% más que el presupuestado) fueron adjudicadas a FCC, una multinacional que en Mataró también tiene adjudicado el servicio de limpieza y recogida de basura. Pero, tal y como resulta habitual en este tipo de proyectos de gran envergadura, también se contrató otra empresa que ejerciera de "Dirección Integrada del Proyecto" (DIP), es decir, el control y gestión de la obra. En un primer momento esta tarea fue a cargo de una UTE formada por SGS-Tecnos e Integral. Esta UTE ejerció de DIP hasta el 2009, cuando fue sustituida por otra empresa, GPO.
Un cambio sin explicación
El Ayuntamiento no ha sabido explicar este viernes los motivos que trajeron PUMSA a realizar este cambio a la DIP del proyecto, cuando la obra ya estaba bastante avance. Una hipótesis que podría explicar esta sustitución es que la UTE SGS- Integral también se había encargado con anterioridad, de manera muy poco acertada, de la valoración de las ofertas presentadas al concurso público para la construcción del edificio. El proceso fue "técnicamente muy deficiente, poco riguroso y rebosante de errores", según un informe firmado por el Secretario, el Interventor y la Cabe de Compras del Ayuntamiento y transmitido a la Oficina Antifrau. Este desgavell, pero, no supuso ningún trato de favor o contrario a las empresas que aspiraban al proyecto, según concluye el mismo documento.
Pumsa pagó los 268.000 euros reclamados por FCC, pero no hay ningún informe que justifique la decisión
La importancia del cambio a la DIP del proyecto radica en la diferencia de criterios de las dos empresas ante la petición de FCC de incrementar el presupuesto de la obra para la retirada de tierras contaminadas que habían aparecido al subsol del solar, un antiguo vertedero, donde se construyó el edificio de la Ringlera. SGS-Integral, tal y cómo detalla el informe pericial, consideró que no se tenía que abonar "ningún tipo de incremento" por este concepto, puesto que era una posibilidad incluida y prevista en el contrato entre Pumsa y FCC. En cambio, esta propuesta de modificación sí que fue aprobada por la otra DIP, la empresa GPO. Después de esta validación, la empresa municipal Pumsa decidió pagar los 268.000 euros reclamados por FCC. El problema es que no hay ningún informe que justifique el criterio de GPO a la hora de tomar esta decisión.
Inauguración del edificio, en 2011
El pèrit autor del informe encargado por el Ayuntamiento, el arquitecto, Manuel Sánchez Real, destaca que Pumsa no guarda copia de ningún documento o informe donde GPO acredite los motivos de esta cambio de criterio respecto al empleado por SGS-Integral, la DIP a la que sustituyó. Por eso, durante la elaboración de su informe pericial reclamó a la empresa GPO más detalles sobre el asunto. Pero GPO excusó "dar ningún tipo de explicación aduciendo la pérdida de documentos", afirma el pèrit, que concluye que "tendrían que ser los responsables de GPO, y en su defecto los órganos decisorios de Pumsa, que propusieron el cambio de empresas en la DIP de la obra, los que explicaran las razones de la aprobación" de la modificación del presupuesto.
Acciones civiles y cuestiones para resolver
David Boto ha pedido a Pumsa con un decreto de alcaldía que inicio "acciones civiles para reclamar los sobrecostos no justificados detectados", así como una ampliación del dictamen hecho por el pèrit para "concretar las cantidades a reclamar". El alcalde ha asegurado que "iremos hasta el final" puesto que "hablamos de dinero público y estamos obligados a buscar una explicación". La presidenta de PUMSA, Núria Calpe, ha dejado claro que "no está justificado que estas tierras se pagaran como contaminadas".
Pero también quedan pendientes para resolver dos cuestiones que el Ayuntamiento no ha respondido todavía: por qué motivo Pumsa sustituyó SGS-Integral por GPO a la dirección integrada del proyecto; y quien fue el responsable a la empresa municipal de dar luz verde el aumento de presupuesto reclamado por FCC y validado por GPO sin ningún informe que lo justificara. Boto ha apuntado a la empresa GPO "que fue quién sugirió la decisión". Calpe, por su parte, ha explicado que la empresa "no ha colaborado al facilitar la información", tal y cómo apunta el informe pericial. La presidenta de PUMSA también ha apuntado que en esta investigación se intentará determinar si se produjeron otras irregularidades más allá del capítulo de las tierras contaminadas, un golpe comprobado que GPO "ha defraudado la confianza del Ayuntamiento".
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