El alcalde de Mataró, David Bote, ha cargado contra la decisión de la propiedad de Mataró Parc de reclamar 357,8 millones de euros al Ayuntamiento por los perjuicios que atribuye a la imposibilidad de ampliar el centro comercial. "Hay muchas maneras de hacer las cosas y esta, para mí, no es la correcta; así no", ha afirmado Bote, que considera que la reclamación "no tiene fundamento ni recorrido legal" y que está presentada fuera de plazo. El conflicto enfrenta al consistorio con General de Galerías Comerciales, propiedad del empresario Tomás Olivo, que reclama una compensación por los perjuicios que, según sostiene, le ha provocado la falta de modificaciones urbanísticas para desarrollar la ampliación de Mataró Parc. El proyecto prevé ganar 30.000 metros cuadrados de superficie comercial.
Bote ha defendido que la reclamación no tiene recorrido por tres motivos. En primer lugar, porque considera que se ha presentado "absolutamente fuera de plazo". En segundo lugar, porque sostiene que la propiedad ya renunció en el año 2000 a las compensaciones económicas que ahora reclama, en virtud del convenio que permitió sacar adelante el centro comercial. Y, finalmente, porque considera que un promotor no puede obligar al Ayuntamiento a aprobar un determinado planeamiento urbanístico. "La iniciativa de planeamiento corresponde a la ciudad, no al promotor", ha remarcado el alcalde, que ha reivindicado la autonomía municipal para decidir cómo se debe ordenar el territorio. En este sentido, ha asegurado que cualquier actuación debe responder a los intereses generales de Mataró y no a los de un promotor concreto.
La movilidad y la normativa comercial, los principales escollos
A pesar del rechazo a la reclamación, Bote ha defendido que hay que seguir estudiando la ordenación urbanística del sector. El Ayuntamiento inició los trabajos en 2019, con una propuesta que preveía una ampliación de hasta 11.000 metros cuadrados y una gran anilla verde al norte de la ciudad, pero el proyecto todavía no se ha aprobado.
El alcalde ha explicado que uno de los principales obstáculos es la movilidad, especialmente por las posibles afectaciones al acceso al Hospital de Mataró. "Cualquier acción en este sector puede comprometer la movilidad de un bien esencial para toda la comarca", ha advertido. Otro impedimento es la normativa comercial. Bote ha señalado las dificultades que plantea la Trama Urbana Consolidada, que limita la implantación de determinadas actividades comerciales fuera de los ámbitos urbanos consolidados, así como la posibilidad de que los informes sectoriales de comercio sean desfavorables.
A estos factores se añade la suspensión de licencias que la Generalitat decretó durante dos años en el marco de la revisión de la ordenación del litoral. Según el alcalde, todos estos condicionantes han dificultado el avance de los trabajos municipales.

"Duplicar el aprovechamiento de una parcela no responde al interés general"
Bote ha rechazado especialmente que la reclamación económica sirva para presionar al Ayuntamiento para que modifique el planeamiento. "Duplicar el aprovechamiento de una parcela, para mí, no responde al interés general", ha afirmado, insistiendo en que la propiedad ya habría renunciado a las compensaciones que ahora reclama.
- La cantidad exigida por General de Galerías Comerciales asciende a 357,8 millones de euros: 63,6 millones en concepto de daño emergente y 294,2 millones por lucro cesante, es decir, los ingresos que la empresa calcula que habría obtenido con los nuevos locales comerciales.
La compañía vincula parte del perjuicio a la cesión de 148.833 metros cuadrados de suelo durante el desarrollo del centro comercial, unos terrenos donde se construyeron, entre otros equipamientos, el Hospital de Mataró. El Ayuntamiento, por el contrario, cuestiona tanto la existencia de un daño efectivo como los cálculos presentados para justificar el importe reclamado.
Bote defiende que el diálogo no cierra la puerta a ordenar el sector
Preguntado sobre si la reclamación ha deteriorado las relaciones entre las partes después de años de negociaciones, el alcalde ha lamentado la manera como se ha planteado el conflicto, pero ha asegurado que el consistorio mantiene su posición. "Estamos convencidos de nuestros argumentos", ha insistido Bote, que ha reiterado que la demanda está fuera de plazo, que reclama una compensación a la que la propiedad habría renunciado y que el planeamiento urbanístico es una competencia municipal.
Con todo, ha dejado claro que el rechazo a la reclamación no implica renunciar a revisar la ordenación del sector. "Es un sector importante de la ciudad y, por lo tanto, tenemos que seguir reflexionando sobre cómo ordenar esta parte de nuestra ciudad", ha concluido.
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