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Mataró reclama el desalojo exprés de los ocupas

El Ayuntamiento, a propuesta de Junts, pide al Estado y al gobierno catalán reformas legales contra las ocupaciones conflictivas, con medidas como poder recuperar la propiedad en un máximo de 48 horas

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La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Mataró ha aprobado una declaración institucional para abordar la problemática de las ocupaciones ilegales conflictivas, una cuestión que afecta especialmente a la ciudad y que genera problemas de seguridad y convivencia en los barrios. La declaración, presentada por el grupo municipal de Junts per Mataró y con una enmienda incorporada por el PSC, salió adelante con la abstención de ERC y Vox, mientras que En Comú Podem y la CUP votaron en contra. Entre las medidas que reclama el documento, figura la posibilidad de desalojos cautelares exprés cuando se presente una denuncia por ocupación, con el objetivo de poder recuperar la propiedad en un máximo de 48 horas.

Mataró es una de las ciudades catalanas más afectadas por este fenómeno, y el Ayuntamiento lleva tiempo reclamando reformas legislativas que permitan actuar de manera más efectiva contra las ocupaciones que derivan en problemas de seguridad y convivencia. Según datos del Ministerio del Interior, Cataluña lidera el ránking estatal de ocupaciones ilegales, y la provincia de Barcelona acumula un porcentaje muy elevado de estos casos. Desde hace años, Mataró ha puesto el foco en esta problemática, debido a la gran cantidad de denuncias vecinales por los problemas derivados de las ocupaciones de carácter conflictivo y delictivo, lideradas habitualmente por mafias.

La legislación vigente no es lo suficientemente ágil ni efectiva para resolver estas situaciones

La declaración institucional constata que la legislación vigente no es lo suficientemente ágil ni efectiva para resolver estas situaciones con la rapidez necesaria. Uno de los principales problemas que denuncian los ayuntamientos es que, cuando la vivienda ocupada es propiedad de un banco, un fondo de inversión o la Sareb, en muchos casos no se toman medidas inmediatas para desalojar a los ocupantes. Esto provoca que la situación se prolongue en el tiempo, generando graves problemas de convivencia para los vecinos y poniendo en peligro la seguridad del barrio. En otros casos, cuando el propietario es un particular, este se encuentra con un laberinto burocrático y judicial que lo deja sin soluciones rápidas, e incluso con la obligación de asumir gastos derivados de la ocupación.

Desalojo del local en el barrio de Rocafonda de Mataró. Foto: Policía Local

Desalojo de un local en el barrio de Rocafonda de Mataró. Foto: Policía Local

Las medidas propuestas

Para revertir esta situación, la declaración aprobada por el Ayuntamiento de Mataró propone apoyar diversas iniciativas legislativas en el ámbito estatal y autonómico. Entre las medidas propuestas está el refuerzo de medidas cautelares que permitan el desalojo urgente cuando se presente una denuncia, así como garantizar que la recuperación de la vivienda ocupada se produzca en un plazo máximo de 48 horas. También se solicita la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir juicios inmediatos por usurpación de inmuebles, y la consideración de los delitos de violación de domicilio y usurpación como delitos flagrantes desde el momento en que se produzca la ocupación.

En cuanto a las competencias de la Generalitat, la declaración insta al Parlamento de Cataluña a impulsar reformas que permitan a las comunidades de propietarios emprender acciones legales contra la ocupación ilegal en sus edificios, así como establecer sanciones para grandes tenedores que no actúen ante la ocupación de sus inmuebles o que mantengan viviendas vacías de manera injustificada.

Desahucio en la calle México, Mossos Policía vivienda. Foto: R.Gallofré

Desahucio en la calle México del barrio de Rocafonda. Foto: R.Gallofré

Ocupaciones conflictivas vs. situaciones de vulnerabilidad

La declaración también recoge la necesidad de diferenciar entre las ocupaciones conflictivas y las situaciones de vulnerabilidad. Así, se defiende que es necesario garantizar que el acceso a una vivienda digna sea compatible con el derecho a la propiedad, y que la Administración debe contar con herramientas para garantizar ambos derechos sin que uno vaya en detrimento del otro. En este sentido, se insta a las administraciones a asumir la responsabilidad de dar respuesta a las necesidades de vivienda sin que los propietarios tengan que cargar con las consecuencias de la ocupación.

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