Las familias del bloque de la SAREB en Mataró se quedan, por ahora, en sus viviendas

El desalojo administrativo previsto para el pasado viernes, día 14, en el bloque de la calle Fray Luis de León 40 de Mataró, donde residen siete familias con contrato vigente de alquiler social, finalmente no se ejecutó. El Ayuntamiento había ordenado el desahucio por un "riesgo inminente de incendio" derivado de la falta de suministro eléctrico en condiciones legales, pero finalmente las familias podrán quedarse en las viviendas mientras la SAREB, propietaria del inmueble, lleva a cabo las actuaciones necesarias para solucionar la situación.

El conflicto entre los inquilinos, la SAREB y el Ayuntamiento se remonta a hace dos años, cuando la entidad bancaria firmó contratos de alquiler social con siete familias, que según explican están en situación de vulnerabilidad. Los vecinos denuncian que la SAREB era consciente de que los suministros no estaban en regla y, a pesar de las peticiones realizadas durante este tiempo, no ha regularizado la situación. La SAREB asegura, por su parte, que sí lo hizo, pero que un vecino saboteó la instalación.

Esta falta de suministro provocó que el Ayuntamiento abriera un expediente por riesgo de incendio, que culminó con la decisión de ordenar el desalojo administrativo. En un comunicado, el consistorio defiende la medida asegurando que "el Ayuntamiento detectó un riesgo inminente de incendio y requirió a la SAREB que realizara las actuaciones necesarias para subsanarlo". No obstante, ante la inacción de la propiedad, el consistorio afirma que "se debía proceder al desalojo para garantizar la seguridad de los residentes". El consistorio asegura que ofreció una alternativa habitacional a las familias afectadas mientras se resolvía el problema, algo que los vecinos niegan.

Las críticas de los inquilinos

Los vecinos, con el apoyo del Sindicato de Vivienda de Mataró, rechazaron la decisión municipal y reclamaban que la SAREB asumiera su responsabilidad, tal y como ellos aseguran haber hecho al firmar los contratos y pagar cada mes el alquiler. "Es una sensación de impotencia, de ver que nadie te escucha, que te hacen ir de un lado a otro arreglando papeles mientras parece que se ríen de ti. Nos sentimos ciudadanos de tercera categoría", explicaba el viernes una de las residentes afectadas.

El Sindicato de Vivienda, por su parte, considera que el Ayuntamiento ha actuado en favor de los intereses de la propiedad en lugar de proteger a las familias. "La SAREB se desentiende completamente de sus obligaciones y aquí no pasa nada. Al contrario, somos las víctimas, las inquilinas, las que acabamos pagando las consecuencias", manifestó una de sus portavoces.

El pasado viernes por la mañana, en la fecha prevista para el desalojo, una comitiva de representantes del Ayuntamiento y la SAREB, acompañada por la Policía Local, se presentó en el edificio para iniciar el procedimiento. Ante la protesta ya anunciada de las familias y la mediación del Sindicato de Vivienda, se llegó a un acuerdo por el cual los residentes podrán permanecer en las viviendas mientras la SAREB realiza las reparaciones pendientes.

El Ayuntamiento ha informado que hará seguimiento de la situación y que la propiedad tiene un plazo máximo de diez días para ejecutar las obras necesarias que garanticen la seguridad del inmueble. "La SAREB ha eliminado el riesgo de incendio y ha iniciado los trámites para llevar a cabo estas actuaciones", aseguran desde el consistorio.

La versión de la SAREB

La SAREB, por su parte, asegura que en el momento de firmar los contratos de alquiler social el edificio cumplía con los requisitos de seguridad, pero que la instalación eléctrica se vio dañada por acciones de un vecino que ha impedido la entrada de operarios para repararla. Aun así, confirman que trabajarán para solucionar el problema.

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