Capgròs
Siete familias que viven en un bloque de la SAREB en la calle Fray Luis de León de Mataró han recibido una notificación de desahucio administrativo del Ayuntamiento para este viernes 13 de marzo. Aunque tienen contratos de alquiler social vigentes y están al corriente de pago, el Ayuntamiento justifica la orden como una medida de seguridad por un "riesgo inminente de incendio" en el edificio, provocado por la falta de regularización de los suministros eléctricos. Las familias afectadas denuncian la situación y la falta de soluciones, y aseguran que se han sentido desamparadas tanto por la SAREB como por la administración. "Nos están haciendo ghosting y tomándonos el pelo", aseguran.
"Nos sentimos ciudadanos de tercera categoría"
Los residentes se han manifestado a la puerta del bloque este viernes, día 14, por la mañana, acompañados del Sindicato de Vivienda, que les brinda apoyo. Representantes del consistorio y de la SAREB también han hecho acto de presencia. La orden de desahucio es para este viernes, pero todo apunta a que no se ejecutará, ya que por ahora es un proceso administrativo y, si los vecinos se niegan, no se les puede desalojar por la fuerza.
Una de las inquilinas afectadas, desde la entrada del edificio, describe la situación como "surrealista" y confiesa la angustia que viven: "Psicológicamente estamos muy mal, no entendemos cómo puede pasar esto en 2025. Es una sensación de impotencia, de ver que nadie te escucha, que te hacen ir de un lado a otro arreglando papeles mientras parece que se ríen de ti. Nos sentimos ciudadanos de tercera categoría".
Las familias explican que hace dos años la SAREB les ofreció contratos de alquiler social por un período de siete años. "Nosotros firmamos convencidos, contentos de tener un contrato que nos daba estabilidad. Los suministros ya estaban en mal estado, la propiedad lo sabía y era consciente de ello. En el contrato se establece que la SAREB tiene la obligación de realizar las reparaciones pertinentes", aseguran.
Protesta de los residentes
Cuatro meses sin luz y una solución que nunca llegó
La falta de regularización eléctrica ha sido un problema constante. "No nos daban la cédula de habitabilidad ni respuesta a nuestras peticiones. Fuimos a Endesa para legalizarlo e incluso firmamos un documento, pero al final se echaron atrás porque la SAREB tenía que pagar un dinero para arreglarlo, se negó como siempre y el documento se anuló", explican.
Esta situación derivó en el corte de luz por parte de la compañía el 15 de mayo del año pasado, dejando a las familias sin suministro durante cuatro meses: "Nos cortaron la luz sin avisar. Pasamos todo el verano así, con niños pequeños, personas enfermas y con discapacidad".
Las familias pidieron ayuda al Síndic de Greuges, al Defensor del Pueblo y al Ayuntamiento, pero no obtuvieron ninguna respuesta concreta. "Pedimos hablar con la concejala de Vivienda y ni siquiera nos dio cita. A menudo, nadie nos respondía nada de nada, nos hacían ghosting", critican.
Un desahucio sin alternativa habitacional
El pasado 3 de marzo, la policía local se presentó en el bloque para notificar el desahucio inminente. "La SAREB tenía siete días para arreglar la situación, si no lo hacía nos desalojarían y cerrarían el inmueble. Nos hemos vuelto a movilizar buscando quién nos pueda ayudar, pero el plazo ha terminado y la SAREB no ha hecho nada", denuncian.
Ante la incertidumbre, los inquilinos han preguntado a Bienestar Social cuál sería su alternativa habitacional, pero tampoco han recibido respuestas claras: "Nos han dicho que no sabían nada, que no sabían dónde iremos a parar. Si hoy se ejecuta el desahucio, no tenemos dónde ir, no sabemos nada. Esto nos destroza psicológicamente. El Ayuntamiento debería apresurarse para darnos una respuesta concreta".
El Ayuntamiento defiende el desahucio por "riesgo de incendio"
El Ayuntamiento de Mataró justifica el desahucio como una medida para garantizar la seguridad. Según el consistorio, se ha detectado un "riesgo inminente de incendio" derivado de la falta de suministro eléctrico en condiciones legales y de la inacción de la SAREB para solucionarlo. Ante la inacción de la propiedad para realizar las actuaciones necesarias, se ha procedido al "desalojo administrativo para garantizar la seguridad de los residentes", afirman.
Desde el consistorio señalan que en ningún caso se ejecutará un desalojo forzoso este viernes. Al tratarse de una orden de desalojo administrativo, si uno o varios inquilinos no atienden la petición de marcharse por razones de seguridad, sería necesario solicitar una orden judicial si se quisiera ejecutar el desalojo.
El Ayuntamiento, por otro lado, asegura que se ha trabajado para ofrecer una alternativa habitacional provisional a las familias afectadas, pero los inquilinos insisten en que no tienen ninguna garantía sobre qué ocurrirá una vez sean desahuciados.
La versión de la SAREB
Fuentes de la SAREB desmienten en parte la versión de los residentes. En este sentido, aseguran que sí han asumido sus obligaciones como propietaria, garantizando que el sistema eléctrico de las viviendas de la calle Fray Luis estuviera en buenas condiciones cuando se firmaron los contratos de alquiler social. Sin embargo, posteriormente, uno de los residentes habría realizado una manipulación ilegal de los suministros, dejándolos en una situación precaria e insegura.
Desde la SAREB afirman que son conscientes de que no todos los vecinos participan en esta situación y que no quieren generalizar, pero sostienen que hay una instalación eléctrica deficiente y que, además, hay una persona, la misma que habría destrozado la instalación, que impide el acceso de los operarios para realizar las reparaciones.
Añaden que la compañía suministradora de energía les alertó del problema, pero que, al intentar acceder al edificio para solucionarlo, se encontraron con estos impedimentos. Por este motivo, solicitaron ayuda al Ayuntamiento de Mataró, que certificó la necesidad de la reparación y se ofreció a proporcionar un realojo temporal para facilitar la entrada de los técnicos. Aunque esta opción ahora se ha descartado, desde la SAREB consideran prioritario poder acceder para reparar los contadores.
También explican que algunas familias han manifestado que no tienen recursos para asumir los suministros. En este sentido, recuerdan que su programa de alquiler social incluye un servicio de acompañamiento, con un gestor social que orienta a los inquilinos sobre cómo dar de alta los suministros y acceder a ayudas. Para poder optar al bono social eléctrico, explican, es necesario acreditar vulnerabilidad y disponer de una factura legal. Aseguran que algunas familias ya han seguido este proceso, pero reconocen que regularizar la situación es complicado cuando hay enganches ilegales
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