La oficina antiocupas de Mataró, una de las propuestas estrella del pacto ya extinguido entre el PSC y el PP, no ha desaparecido, pero ya no es lo que se planteó inicialmente. El Ayuntamiento mantiene el programa de atención e intervención en ocupaciones, aunque actualmente la Oficina de Atención e Intervención en Ocupaciones ya no dispone de un espacio físico propio. Las demandas que llegan al consistorio se canalizan principalmente a través de la Oficina de Apoyo a las Comunidades de Vecinos.
El gobierno municipal asegura que el programa se mantiene y que el Ayuntamiento continúa interviniendo en aquellos casos de ocupaciones conflictivas en los que hay conflicto, riesgo o una demanda expresa de las comunidades o asociaciones de vecinos. El modelo actual pasa por coordinar diferentes servicios municipales en función de las características de cada caso.
Así, el consistorio mantiene las inspecciones transversales, en las que pueden intervenir los servicios de Vivienda, Salud Pública, Urbanismo y Licencias o Bienestar Social; la mediación en conflictos de convivencia, a través de los servicios de Civismo, Convivencia y Mediación, y el asesoramiento y apoyo a las comunidades afectadas, principalmente desde la Oficina de Apoyo a las Comunidades de Vecinos.
El Sindicat de l'Habitatge manifestándose contra la Oficina de atención e intervención en ocupaciones, el día de su inauguración. Foto: ACN
Una oficina nacida de un pacto con el PP
El actual modelo es el resultado de la transformación de un servicio que tuvo un fuerte componente político en su origen. La Oficina de Atención e Intervención en Ocupaciones se puso en marcha en junio de 2024, después de que el PSC y el PP de Mataró llegaran a un acuerdo de estabilidad para facilitar la gobernabilidad de la ciudad.
La creación de la oficina era una de las medidas reclamadas por los populares y formó parte de los compromisos asumidos por el gobierno socialista. En aquel momento, el Ayuntamiento la presentó como una herramienta para coordinar los servicios municipales que ya intervenían en casos de ocupaciones conflictivas y realizar una actuación más transversal.
La novedad principal era también el servicio de asesoramiento a las comunidades de vecinos, con la colaboración del Col·legi d’Advocats de Mataró. Este servicio permitía orientar a los vecinos afectados sobre las diferentes vías legales ante una ocupación.
El proyecto llegaba, además, en un momento en que los datos policiales apuntaban a un descenso de las ocupaciones en Mataró. Durante los primeros cinco meses de 2024, las actuaciones de la Policía Local relacionadas con ocupaciones habían caído un 34% respecto del mismo período del año anterior, de 138 a 91 intervenciones. También habían bajado un 20% las demandas ciudadanas por conflictos relacionados con viviendas ocupadas, de 92 a 72. A pesar de estos datos, el gobierno municipal defendía que las ocupaciones conflictivas continuaban siendo una prioridad.
La Policía Local en un caso de ocupación en Mataró. Foto: ACN
El pacto con los populares solo duró un año
La oficina fue, así, uno de los frutos más visibles del acuerdo entre el PSC y el PP. Pero la alianza política no llegó a consolidarse durante toda la legislatura. Un año después, el pacto PSC-PP se rompió. El PP, con Cristian Escribano al frente, dio por terminado el acuerdo, mientras que el gobierno de David Bote responsabilizó a los populares de la ruptura. El rompimiento se hizo evidente también en el Pleno municipal, cuando los dos concejales del PP votaron en contra del presupuesto.
Con el PP fuera de la ecuación, el gobierno formado por el PSC y En Comú Podem reforzó los acuerdos con Junts para garantizar la gobernabilidad y los presupuestos municipales. La ruptura política, sin embargo, no comportó la desaparición de las medidas incorporadas a raíz del acuerdo. Entre ellas, la oficina antiocupas de Mataró.
78 casos en el primer año
El primer balance del servicio, hecho público en junio de 2025, apuntaba que la oficina había gestionado 78 casos de ocupaciones conflictivas durante su primer año. De estos, una treintena se habían resuelto, aproximadamente el 40% de los casos. El Ayuntamiento advertía, sin embargo, que un caso resuelto no significaba necesariamente que la vivienda hubiera sido desalojada. Los procesos de desalojo dependen de la vía judicial y, según el consistorio, pueden alargarse unos dos años de media.
Las ocupaciones en Mataró, un problema todavía presente.Foto: R.Gallofré
Por eso, una de las funciones principales del servicio había sido actuar mientras el procedimiento judicial continuaba, especialmente para intentar garantizar la convivencia dentro de las comunidades de vecinos. Durante aquel primer año también se hicieron cuatro formaciones grupales dirigidas a comunidades de vecinos de diferentes puntos de la ciudad y 24 atenciones presenciales a ciudadanos a través de los puntos de atención itinerantes que se instalaban semanalmente en el centro, Cerdanyola y Rocafonda.
El servicio también impulsó mediaciones entre vecinos y ocupantes, medidas preventivas y asesoramiento legal a las comunidades. Paralelamente, el Ayuntamiento estableció un espacio operativo mensual en el que los diferentes servicios municipales compartían información sobre los casos y decidían cuál debía ser el abordaje en función de cada situación.
De la oficina física a un modelo transversal
Es este modelo el que, según el Ayuntamiento, se mantiene actualmente. La diferencia principal es que la oficina antiocupas ya no tiene un espacio físico propio ni funciona como un servicio de atención independiente. El consistorio defiende que la estructura se ha ido adaptando a las necesidades actuales del fenómeno y que los casos continúan recibiendo respuesta cuando hay situaciones de conflicto, riesgo o una petición vecinal.
En la práctica, por lo tanto, la oficina que el PP situó como una de sus principales demandas políticas continúa existiendo como programa de intervención, pero integrada en otros servicios municipales. El nombre y el espacio propio han perdido peso, mientras que se mantiene la coordinación entre servicios, la mediación y el apoyo a las comunidades.